Un juez federal bloqueó la aplicación de una normativa de la administración Biden sobre ventilación y quema de gas natural en cinco estados, argumentando que esta suponía una «importante intromisión» en los derechos soberanos de los estados.
El 12 de septiembre, el juez Daniel Traynor dictó una medida cautelar para bloquear temporalmente la aplicación de la normativa aprobada por la Oficina de Administración de Tierras (BLM) en Dakota del Norte, Montana, Utah, Texas y Wyoming hasta que el tribunal emita una resolución definitiva sobre detalle de la cuestión.
La normativa, presentada por la BLM en abril, tiene como objetivo frenar los residuos de gas natural durante la producción de petróleo y gas en tierras federales y tribales. Esta exige a los operadores petroleros que tomen medidas para evitar el desaprovechamiento de gas natural —como reducir el desperdicio de gas por venteo y antorcha— y que paguen cánones por las «pérdidas evitables de gas natural».
En una resolución de 22 páginas dictada el 12 de septiembre, Traynor afirmó que la norma de la BLM «no se explicaba razonablemente» y carecía de detalles específicos sobre en qué momento del proceso se produce el despilfarro.
«Los límites a quema en antorcha y otros requisitos burocráticos impuestos por la Norma 2024 no están respaldados por beneficios ambientales secundarios», declaró el juez.
«Estos entran en conflicto con otras leyes federales y estatales, y no añaden nada más que una capa de regulación federal sobre la regulación federal existente», afirmó.
Traynor señaló que la norma de la BLM se enfoca en un área ya regulada por la Ley de Aire Limpio y las leyes estatales destinadas a proteger el medio ambiente.
«Este caso es un ejemplo de que la mano izquierda del Gobierno no sabe lo que hace la derecha», afirma la sentencia.
El juez también declaró que los demandantes han demostrado que «es probable que tengan éxito en cuanto al fondo de su alegato sobre que la Norma 2024 es arbitraria y caprichosa».
El Epoch Times se puso en contacto con la BLM para pedirle comentarios, pero no ha recibido respuesta hasta el momento de la publicación.
La BLM dijo en marzo que la nueva norma ayudaría a generar más de 50 millones de dólares en pagos adicionales de regalías de gas natural cada año a los contribuyentes federales y a los propietarios tribales de minerales.
Según la agencia, la normativa «moderniza reglamentos que tienen más de 40 años» y pretende «responsabilizar a las empresas de petróleo y gas» exigiéndoles que apliquen medidas para evitar prácticas derrochadoras, al tiempo que garantiza que los contribuyentes estadounidenses y los propietarios tribales de minerales reciban una compensación justa mediante el pago de cánones.
Los estados han afirmado que la norma infligirá un «daño económico irreparable» debido a la reducción de los ingresos estatales por cánones e impuestos de extracción causada por la menor explotación de petróleo y gas en tierras federales e indígenas.
«Perjudicial e innecesaria»
El gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y el fiscal general, Drew Wrigley, emitieron un comunicado en el que elogiaron la sentencia del juez y calificaron la decisión de «victoria temporal» para los consumidores y la independencia energética en Estados Unidos.
Burgum dijo que la norma de la BLM incluía «reglamentos perjudiciales e innecesarios» que socavan la autoridad de los estados para ser los principales reguladores de la calidad del aire dentro de sus fronteras en virtud de la Ley de Aire Limpio.
«Esta normativa es un ejemplo más de cómo la administración Biden-Harris se extralimita en los límites de la autoridad de los organismos establecidos por el Congreso para alcanzar su equivocado objetivo de eliminar gradualmente la producción de energía tradicional», declaró el gobernador.
El gobernador de Wyoming, Mark Gordon, acogió con satisfacción el fallo del tribunal y dijo que suponía «un gran primer paso y una indicación extremadamente positiva» de que el caso legal de los estados podría tener éxito a medida que avance.
«Esta lucha no está ni mucho menos terminada y aún queda mucho trabajo por hacer para proteger la economía de Wyoming de la embestida de otras normativas», declaró Gordon en un comunicado.
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