Un juez federal bloqueó el jueves temporalmente la nueva Ley «antidisturbios» de Florida, defendida por el gobernador republicano Ron DeSantis, diciendo que viola los derechos de la Primera Enmienda.
El juez de distrito de Estados Unidos, Mark Walker, no dictaminó que todo el estatuto probablemente viole la Constitución de Estados Unidos, pero encontró que la nueva definición de la legislatura estatal de la palabra «disturbios» era demasiado vaga y confusa para satisfacer los derechos de libertad de expresión garantizados por la Primera Enmienda.
«Si este tribunal no prohíbe la aplicación de la ley, las acciones anárquicas de unos pocos individuos sin escrúpulos podrían criminalizar efectivamente la expresión protegida de cientos, sino miles, de floridanos respetuosos de la ley», escribió el juez designado por Obama en una sentencia de 90 páginas que incluía una historia de tres páginas sobre el movimiento de derechos civiles en Florida, que se remonta a 1956.
La llamada “Ley antidisturbios”, registrada como HB1, fue promulgada por DeSantis el 19 de abril. El gobernador republicano dijo en ese momento que es «la pieza legislativa más fuerte contra los disturbios y a favor del cumplimiento de la ley en el país».
La ley aumenta las sanciones penales por agresión, desfiguración de monumentos y vandalismo de la propiedad pública durante disturbios. Los gobiernos locales que interfieran con las fuerzas del orden que tratan de contener las manifestaciones violentas serán sancionados.
La ley cambió la definición de lo que es un «disturbio» en el estado de Florida. Según esta legislatura, un disturbio se define como un disturbio público violento en el que participan tres o más personas que actúan con una intención común y que causa daños a la propiedad pública o lesiones, o puede causar lesiones o daños inminentes.
La ley también crea un nuevo delito de segundo grado —»disturbios agravados»— para cualquier disturbio en el que participen más de 25 personas y que provoque daños corporales graves o más de 5000 dólares en daños materiales. También se aplicaría si los participantes utilizan o amenazan con utilizar un arma mortal o bloquean las carreteras por la fuerza o por la amenaza de la fuerza.
DeSantis dijo durante el evento de la firma en abril que los gritos de la izquierda de «desfinanciar a la policía» que resonaron en las manifestaciones de Black Lives Matter el año pasado son una «teoría demente» y «no se va a permitir que nunca se lleve a cabo en el estado de Florida».
Los demócratas y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) indicaron que la ley está diseñada para intimidar a los manifestantes de Black Lives Matter y otros grupos afines. La ACLU y otros grupos demandaron a principios de este año al gobernador, a la fiscal general del estado, Ashley Moody, y a otros por la legislatura.
El gobernador DeSantis, a través de una declaración escrita dijo que está «vehementemente» en desacuerdo con la decisión del juez.
«Pero este caso siempre viene decidido por la Corte de Apelaciones del 11º Circuito», agregó el gobernador. «Hay una diferencia entre una protesta pacífica y un disturbio, y los floridanos no quieren ver el caos y la violencia asociados a los disturbios en sus comunidades».
La ACLU de Florida acogió con satisfacción la decisión a través de una declaración poco después del fallo, diciendo que la Ley antidisturbios «parece diseñada para atacar a los que protestan contra la violencia policial”.
«Nos alegramos de que el tribunal haya accedido a suspender la aplicación de esta disposición clave mientras seguimos abogando para garantizar que los manifestantes en Florida puedan ejercer con seguridad su derecho a expresarse contra la injusticia», indicó la ACLU.
Por su parte DeSantis dijo este jueves en una rueda de prensa que Florida apelaría la decisión.
«Esa es una conclusión predeterminada de ese tribunal», añadió DeSantis, según The Washington Post. «Les garantizo que ganaremos en la apelación».
Con información de Jack Phillips y Reuters
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