El martes, un juez federal impidió que una escuela de medicina de Luisiana exigiera que los estudiantes reciban las vacunas anti-COVID como condición de asistencia para el semestre de otoño.
La demanda fue presentada por el fiscal general de Louisiana, Jeff Landry, en nombre de tres estudiantes del Colegio de Medicina Osteopática Edward (VCOM), una institución privada que opera seis sedes en el sur de Estados Unidos, incluida una en el campus de la Universidad de Louisiana. -Monroe (ULM).
Aunque VCOM afirmó no haber cometido ningún delito y argumentó que su política de vacunación estaba destinada a garantizar la seguridad de todos los estudiantes, empleados y pacientes, el juez, Terry A. Doughty, del distrito occidental de Louisiana falló a favor de los estudiantes, concediéndoles una orden de restricción temporal contra la orden de vacunación.
Según la demanda, los estudiantes de VCOM solicitaron por escrito que se les eximiera del requisito de vacunación anti-COVID de la escuela, citando sus creencias cristianas y su preocupación por las vacunas aún no aprobadas. Dijeron que sus peticiones fueron denegadas y que se enfrentaron a represalias por no querer vacunarse.
“Estas quejas han incluido grabaciones de conversaciones con el personal de VCOM participando en conductas coercitivas y de acoso dirigidas a estudiantes que han ejercido su derecho a optar por no recibir una vacuna contra el COVID-19”, dijo Landry en julio.
Los estudiantes continuaron su demanda, incluso después de que Landry se retiró del caso y VCOM finalmente les otorgó exenciones religiosas. Según la política de vacunación actual de la escuela de medicina, todos los estudiantes que no están vacunados deben usar una máscara en todo momento en el campus, revelar su estado no vacunado a sus compañeros de laboratorio y no participar en ciertos programas de capacitación clínica que se requieren para la graduación.
Si bien la ley de Louisiana permite que las escuelas excluyan de la asistencia a los estudiantes no vacunados en caso de un brote en el campus, dicha exclusión debe ser aprobada por el departamento de salud pública del estado, escribió Doughty en la orden de la corte (pdf). «VCOM no tiene una recomendación del Departamento de Salud Pública de Louisiana para excluir de la asistencia a los estudiantes no vacunados».
Además, el mismo estatuto no permite que las universidades juzguen o restrinjan el disenso de un estudiante, lo cual puede basarse en creencias religiosas o cualquier otra razón, dijo Doughty, y señaló que la escuela de medicina violó el estatuto cuando aceptó el disenso de los estudiantes, pero colocó restricciones sobre ellos.
«En lugar de restricciones, las únicas opciones de VCOM son permitir que los estudiantes disidentes asistan a VCOM u obtener la aprobación del Departamento de Salud de Louisiana para excluir de la admisión a los estudiantes no vacunados», decía la orden.
«Incluso si [la ley de Luisiana] permite que se impongan restricciones a la disidencia de un estudiante, las restricciones impuestas por VCOM a los Demandantes son excesivas», agregó Doughty. «Las restricciones que impiden que los estudiantes completen su plan de estudios anulan el propósito de tener el derecho a disentir».
Doughty también señaló el hecho de que VCOM comparte espacio con ULM, una universidad pública que no tiene una orden de vacunas. «Aunque VCOM tiene interés en proteger a sus estudiantes, sus estudiantes pueden asistir a funciones de ULM, participar en eventos intramuros de ULM, estudiar en la biblioteca de ULM y mezclarse con estudiantes de ULM, que no están obligados a recibir la vacuna», escribió.
La oficina de Landry dijo en un comunicado de prensa que acogió con beneplácito la decisión, calificándola como una victoria para los luisianos que «han tenido convicciones religiosas sinceras» y otras reservas sobre las vacunas.
“La conclusión es que la ley y la constitución aún se aplican”, dijo la procuradora general Liz Murrill, quien trabajó con los estudiantes en nombre de Landry. “Agradecemos al juez Doughty por proteger sus derechos y defender el estado de derecho, y continuaremos trabajando para lograr una resolución aceptable”.
VCOM-Louisiana no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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