El 1 de julio, un juez federal dictó una medida cautelar que paraliza la moratoria temporal del gobierno federal sobre nuevas licencias de exportación de gas natural licuado (GNL) a países que no son parte de un acuerdo de libre comercio.
La demanda fue presentada por 16 estados, encabezados por Luisiana, argumentando que el Departamento de Energía (DOE) violó la ley federal al pausar las licencias en enero para evaluar el impacto de los envíos en el cambio climático.
El juez James Cain Jr. de la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Luisiana dijo que la decisión del DOE de paralizar las aprobaciones parecía «carecer por completo de razón o lógica y es quizá la epifanía de la ideocracia».
«Por las razones aquí expuestas, la Corte considera que los Estados demandantes están legitimados para hacer valer sus pretensiones en esta acción y en cuanto al requerimiento judicial preliminar», escribió el juez Cain.
Añadió que los estados demandantes, todos de tendencia republicana, tienen derecho a una medida cautelar y ordenó «que la Prohibición de Exportación de GNL se suspenda en su totalidad, con efecto inmediato».
El juez consideró que Luisiana, donde el mercado del GNL representa 18,000 puestos de trabajo y una contribución anual de 4400 millones de dólares a la economía, se vería irremediablemente perjudicada si se cancelaran los proyectos de GNL pendientes.
La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, calificó el lunes la decisión de «gran victoria para la energía estadounidense». Dijo que la pausa había puesto en peligro unos 61,000 millones de dólares en infraestructuras pendientes en Luisiana.
«Esta es una gran noticia para Luisiana, nuestros 16 socios estatales en esta lucha, y para todo el país», dijo la Sra. Murrill. «El GNL tiene un impacto enorme y positivo en Luisiana, suministrando energía limpia a todo el mundo y proporcionando buenos puestos de trabajo aquí en casa. El pueblo de Luisiana está orgulloso de suministrar energía a esta nación y al mundo».
Biden pide una pausa para abordar las preocupaciones climáticas
En enero, la Casa Blanca ordenó al DOE que detuviera temporalmente la aprobación de nuevas licencias para exportar GNL a naciones asiáticas y otros países que no son socios de libre comercio con Estados Unidos, el principal productor y, a partir de 2023, exportador de GNL del mundo.
La pausa permitiría al gobierno de Biden examinar los análisis económicos y medioambientales subyacentes a las autorizaciones de hace aproximadamente cinco años, consideradas «ya no adecuadas» ante los posibles aumentos del coste de la energía y su impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero.
La moratoria también incluía excepciones a la pausa para «emergencias imprevistas e inmediatas de seguridad nacional». La Casa Blanca señaló en una hoja informativa que no se espera que afecte al suministro estadounidense de GNL a los aliados a corto plazo.
«En todos los rincones del país y del mundo, la gente está sufriendo las devastadoras consecuencias del cambio climático», dijo el presidente Biden en una declaración el 26 de enero. «Esta pausa en las nuevas aprobaciones de GNL ve la crisis climática como lo que es: la amenaza existencial de nuestro tiempo».
El departamento examinó cómo afectan los cargamentos al cambio climático, la economía y la seguridad nacional. Esto significaba que proyectos de infraestructuras pendientes por valor de miles de millones de dólares estaban en peligro.
La Ley del Gas Natural obliga al DOE a actuar «con celeridad» ante las solicitudes de autorización para exportar gas natural a un país extranjero. También permite al DOE denegar la autorización después de que una audiencia determine que la exportación propuesta «no sería coherente con el interés público», y apoyada por pruebas sustanciales.
El término «interés público» no está definido, pero desde hace tiempo se interpreta en el sentido de «promover la producción ordenada de suministros abundantes de gas natural a precios justos y razonables».
La coalición de estados alegó que la moratoria temporal infringía la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Revisión del Congreso y la Constitución de Estados Unidos.
A Luisiana se unieron Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Kansas, Mississippi, Montana, Nebraska, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas, Utah, Virginia Occidental y Wyoming en la acción legal.
The Epoch Times se puso en contacto con el DOE para solicitar sus comentarios.
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