Un juez federal emitió el jueves una orden judicial permanente contra la pausa de la Administración Biden en los arrendamientos de petróleo y gas en tierras federales.
La orden judicial se aplica a los 13 estados que demandaron a la Administración Biden por la moratoria en marzo de 2021, incluyendo Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Oklahoma, Texas, Utah y Virginia Occidental.
Terry Doughty, juez de distrito de EE. UU. para el Distrito Occidental de Luisiana, dictaminó que la Casa Blanca se extralimitó en la prohibición.
El presidente Joe Biden firmó la Orden Ejecutiva 14008 el 27 de enero de 2021, por la que se prohibían todos los nuevos arrendamientos de petróleo y gas natural en tierras federales y aguas en alta mar. La orden no canceló los arrendamientos existentes en tierras federales y aguas en alta mar. Los arrendamientos en tierras privadas tampoco se vieron afectados.
Trece estados, encabezados por Luisiana, demandaron al gobierno de Biden, alegando que la prohibición de los arrendamientos violaba la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior (OCSLA, por sus siglas en inglés), que regula los arrendamientos de petróleo y gas en alta mar, y la Ley de Arrendamiento de Minerales (MLA, por sus siglas en inglés), que regula los arrendamientos de suelo en terrenos federales.
Doughty emitió una orden judicial temporal en junio de 2022 en este caso. El miércoles, el Tribunal de Apelación del 5º Circuito de EE. UU. anuló la orden judicial.
El mandato judicial permanente de Doughty se produjo un día después de la sentencia del tribunal de circuito (pdf).
En la orden judicial permanente, Doughty dictaminó que el poder ejecutivo no tiene autoridad para cambiar ambas leyes.
«Ambas leyes exigen que las agencias del gobierno demandado vendan los arrendamientos de petróleo y gas. La OCSLA tiene un plan quinquenal en vigor que exige que se vendan los arrendamientos elegibles. Las agencias de los demandados del gobierno no tienen autoridad para hacer revisiones significativas en el Plan Quinquenal de la OCSLA sin pasar por el procedimiento ordenado por el Congreso. La MLA requiere que el DOI realice ventas de arrendamiento, donde las tierras elegibles están disponibles al menos trimestralmente», escribió en la sentencia (pdf). «Al detener el proceso, las agencias están modificando de hecho dos estatutos del Congreso. Ni la OCSLA ni la MLA otorgan a las agencias del gobierno demandado la autoridad para poner en marcha una paralización de las ventas de arrendamiento».
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento del Interior y la Casa Blanca para obtener comentarios.
El fiscal general de Montana, Austin Knudsen, celebró la orden judicial permanente.
«La orden ejecutiva del presidente Biden para ahogar el desarrollo de la energía no solo aumentó los precios y perjudicó a las familias estadounidenses, sino que fue rotundamente ilegal. Esta decisión es una victoria para el estado de derecho y para los trabajadores y las comunidades rurales que dependen de la industria energética», dijo en un comunicado.
Una moratoria de los arrendamientos en curso habría reducido el empleo en 210 puestos de trabajo, los ingresos personales en 13 millones de dólares y el coste de 4 millones de dólares en impuestos sobre el petróleo y el gas en Montana en 2021, dijo citando un estudio de diciembre de 2020 realizado por la Universidad de Wyoming.
Se reanuda el mayor arrendamiento de petróleo y gas en alta mar
Días antes de la orden judicial permanente, un contrato de arrendamiento conocido como Venta de Arrendamiento 257, que también está en disputa en la demanda de varios estados, fue revivido por Biden a través de la llamada Ley de Reducción de la Inflación.
La Ley de Reducción de la Inflación incluye disposiciones que dirigen el gasto, los créditos fiscales y los préstamos para reforzar tecnologías como los paneles solares y los equipos para reducir la contaminación en las centrales eléctricas de carbón y gas.
Pero la legislación también contiene una disposición que restablece la Venta de Arrendamiento 257, previamente detenida, que se vendió en subasta por 192 millones de dólares en marzo de 2019, el mayor arrendamiento de petróleo y gas en alta mar en la historia de Estados Unidos, que abarca casi 81 millones de acres en el Golfo de México.
La Oficina de Administración de Energía Oceánica (BOEM, por su sigla en inglés) indicó su intención de anular la venta de arrendamiento en febrero de 2021, citando la Orden Ejecutiva 14008. Más tarde, el gobierno revivió la venta de arrendamiento. Sin embargo, entonces fue impugnada por grupos de activistas medioambientales y detenida por el juez Rudolph Contreras del Tribunal de Distrito de EE. UU. del Distrito de Columbia.
Contreras dictaminó en enero que la decisión de proceder a la venta del arrendamiento era «arbitraria y caprichosa».
El fallo bloqueó de facto la Venta de Arrendamiento 257 porque el gobierno de Biden no apeló.
Con información de Tom Ozimek.
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