Un juez boliviano le negó este jueves a la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) un juicio de responsabilidades por el caso de una designación supuestamente ilegal en una empresa estatal durante su gobierno, que ahora debe seguir por la vía ordinaria.
La determinación emanó del Juzgado Tercero Anticorrupción de La Paz que declaró «infundada» la objeción que presentó la defensa de Áñez a una resolución inicial que autorizaba su procesamiento por la vía ordinaria y que fue rectificada por una Sala Penal en abril pasado para dar paso a un juicio especial.
Sin embargo, la Fiscalía interpuso un amparo constitucional que ahora fue dirimido por otra corte que confirmó el procesamiento de Áñez por la vía ordinaria.
La acusación en este caso está relacionada a una designación presuntamente irregular que efectuó Áñez en su gestión interina en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).
En la audiencia de esta jornada, la Fiscalía, el Viceministerio de Transparencia y los abogados de la empresa EBA plantearon argumentos que cuestionaron que la llegada de Áñez a la Presidencia del país en 2019 haya sido «constitucional».
Áñez tomó la palabra y pidió al juez que actúe con «independencia» y aseveró que entre el 12 de noviembre de 2019 y el 8 de noviembre de 2020 «todo el mundo» supo que era la «presidenta constitucional» y que por ello firmó la designación por la que ahora se le procesa.
Cada entidad a su turno pidió a la defensa de Áñez que «certifique» que su llegada al Gobierno fue legal con una declaración del Senado o algún otro documento y defendieron que el proceso por la vía ordinaria otorgaba más derechos a la procesada.
Apelación
La defensa de la expresidenta interina al término de la audiencia anunció que presentará una apelación.
Los abogados de Áñez y su hija Carolina Ribera dijeron en una rueda de prensa que negar el juicio especial confirma el «quebrantamiento del Estado de derecho» en Bolivia.
«A mi madre le corresponde un juicio de responsabilidades», es hora de que «se demuestre la institucionalidad» y la «independencia de poderes», remarcó Ribera.
Áñez está presa desde marzo del año pasado por los sucesos de la crisis política de 2019 que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que según el oficialismo fue un «golpe de Estado» y que la defensa sostiene se trató de un vacío de poder.
En junio pasado, Áñez recibió una condena por la vía ordinaria de 10 años por el caso «golpe de Estado II» acusada por resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes por la manera en que se situó en línea de sucesión presidencial tras la renuncia de Evo Morales y las demás autoridades que le seguían.
Los argumentos en este caso se basaron en que Áñez, entonces senadora de la oposición, se «autoproclamó» presidenta y no cumplió el reglamento del Senado por el que el principal cargo del país debía corresponder a un parlamentario del Movimiento al Socialismo (MAS).
También afronta el caso «golpe de Estado I» en el que se la acusa por terrorismo y que aún debe dirimirse en los tribunales.
En tanto que en el Parlamento residen varias acusaciones no resueltas, la más importante por la muerte de más de una veintena de civiles en las llamadas masacres de Sacaba y Senkata en 2019.
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