Un juez negó este martes el pedido de libertad de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez que está cerca de cumplir nueve meses de reclusión por cargos de sedición y terrorismo, entre otros delitos, por los que se declaró «perseguida política».
La determinación fue dictada por el juzgado séptimo de instrucción de La Paz tras una audiencia telemática que se extendió por varias horas y en la que la defensa de la exmandataria interina objetó las acusaciones del un primer proceso llamado «golpe de Estado» bajo el que se dispuso su reclusión desde el pasado 13 de marzo.
Durante el acto judicial, Áñez tomó la palabra para afirmar que el gobierno del presidente Luis Arce «mintió descaradamente» durante una reunión del Comité de la ONU contra la Tortura (CAT) en Ginebra, el pasado 25 y 26 de noviembre, en la que se aseveró que no estaba presa por delitos como sedición y terrorismo.
Áñez señaló principalmente al viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, por indicar que ella en realidad estaba encarcelada por incumplimiento de deberes y resoluciones contra la Constitución cuando ese proceso, según dijo la exmandataria, lo «desdoblaron» o desprendieron de la primera acusación.
En aquella reunión, el relator del CAT, Claude Heller, observó la aplicación de las acusaciones por sedición y terrorismo que asumió tanto el gobierno interino de Áñez como de la actual Administración de Arce y que también consideró «fundamental» encarar una reforma judicial y revisar la aplicación de esos tipos penales.
Esos señalamientos se aplicaron tanto contra el gobierno de Evo Morales como el de Áñez, apuntó Heller en esa ocasión.
Áñez, en la audiencia de esta jornada, manifestó que lo que se comete una «aberración jurídica» en su contra y se definió como una «presa política» del gobierno del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
La exjefa de Estado fue encarcelada preventivamente en marzo acusada inicialmente por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo por una denuncia presentada por una exdiputada del MAS por los sucesos de la crisis de 2019.
Una primera determinación judicial establecía que Áñez estaría recluida por cuatro meses, pero luego el plazo se extendió a seis cuando Áñez pidió su libertad y luego por otros seis meses más cuando se abrieron cargos por incumplimiento de deberes y resoluciones contra la Constitución en el caso «golpe de Estado II».
El Gobierno de Bolivia considera que Áñez llegó al poder a través de un «golpe de Estado» y no por sucesión Constitucional ya que argumenta que eso no le correspondía pese a su condición de segunda presidenta del Senado, tras la renuncia de Morales y la dimisión masiva de las autoridades en línea de sucesión.
Además de estos casos, radican en el Parlamento varias acusaciones sobre hechos que se cometieron durante su gestión, una de ellas por la muerte de al menos una veintena de civiles a manos del Ejército en las denominadas masacres de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en El Alto.
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