Un juez boliviano se declaró este martes competente para juzgar a la expresidenta interina Jeanine Áñez por la vía ordinaria, en un caso relacionado con la muerte de civiles durante su gobierno transitorio, pese a que en el Parlamento reside una acusación de la Fiscalía para un juicio de responsabilidades.
En declaraciones a los medios, el abogado Luis Guillén manifestó que el juez Marco Antonio Amaru de El Alto, ciudad vecina de La Paz, se declaró «competente» en el caso Senkata por lo que será procesada por la «vía ordinaria» bajo acusaciones de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves.
La determinación judicial emanó de una audiencia virtual, que se extendió por alrededor de cinco horas, en la que la defensa de la exmandataria y algunos parlamentarios de oposición presentaron algunos incidentes judiciales que fueron desestimados.
En el acto judicial, Áñez tomó la palabra y calificó la audiencia como un «circo» y de estar en una «jaula» en la que «debiera estar única y exclusivamente» el expresidente Evo Morales, a quien señaló de ser el «director de este show».
Áñez además que aseveró que este proceso judicial «tarde o temprano será nulo de pleno derecho» por desconocer a una expresidenta, puesto que afirmó que le corresponde un juicio de responsabilidades.
También Áñez se dirigió al juez Amaru y le recordó que el Gobierno lo presentó como arrestado ante los medios, en marzo de 2022, acusándolo de presuntamente intentar liberar a un feminicida.
La defensa de la expresidenta interina mencionó que el juez que se declaró competente asumió una posición «prevaricadora» por colocarse sobre el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General que en 2021 presentaron, por el mismo caso, una proposición de acusación ante el Parlamento.
El gobierno del presidente Luis Arce ha acusado a los líderes de las opositoras Comunidad Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa, y Creemos, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ahora detenido por los hechos de la crisis de 2019, de frenar el proceso en el Parlamento.
Pese a que el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) tiene la mayoría en el Legislativo, se necesita el voto de las fuerzas opositoras para alcanzar los dos tercios necesarios para activar un juicio de responsabilidades.
Áñez está detenida desde marzo de 2021 en un penal en La Paz, acusada inicialmente por terrorismo, sedición y conspiración en el caso que se conoció como «golpe de Estado I».
Después se le abrió el proceso «golpe de Estado II» señalándola por los delitos de resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes, por lo que un juez la condenó a 10 años de prisión por la forma en que se situó en línea de sucesión presidencial tras la renuncia de Morales y de las demás autoridades que le seguían.
Para el oficialismo, las protestas de 2019 fueron un «golpe de Estado» contra el expresidente Evo Morales, mientras que para la oposición se debieron a un fraude electoral en los frustrados comicios de ese año.
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