Un juez falló parcialmente a favor de organizaciones que impugnaron una ley electoral de Florida que presuntamente afectaría a los votantes hispanos.
El fallo del juez se dio a conocer este lunes en una sentencia sumaria, tras el inicio del juicio contra la ley SB 7050 de 2023 , impulsada por los republicanos.
Los demandantes, organizaciones que realizan registro de votantes, argumentaron que las restricciones impuestas por la ley para los grupos de registro de votantes de “terceros”, que excluía a los no ciudadanos de participar en dichos registros, son inconstitucionales, según la Federación Hispana, que es uno de los demandantes.
Básicamente, la ley prohíbe a los no ciudadanos trabajar o ser voluntarios para el registro de votantes de este tipo de organizaciones, independientemente de su estatus legal.
“La demanda se centra específicamente en una parte de la ley que impone una multa de 50,000 dólares a una organización por cada persona no ciudadana que ‘recopile’ o ‘maneje’ formularios de registro de votantes en su nombre”, explicó la Federación Hispana.
Estas disposiciones afectarían a los residentes permanentes legales, según la organización. Los demandantes alegaron que el “requisito de ciudadanía” viola su derecho a la 14a. Enmienda.
Esto, en última instancia, generaría una menor “participación hispana en las elecciones”, dijo Jared Nordlund, director de Unidos US, quien testificó el lunes, según información de Florida Phoenix.
Además del aumento en las multas por infracciones, las nuevas regulaciones incluyen mayores cargas administrativas a las organizaciones de registro de votantes, como la reinscripción antes de cada ciclo electoral, según la Liga de Mujeres Votantes de Florida, la que también impugnó la ley.
Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de la Federación Hispana, calificó las restricciones como “discriminatorias”.
Poder Latinx y la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP) y otros demandantes individuales, se unieron para impugnar la ley.
Los grupos fueron representados por la ACLU de Florida, Demos, LatinoJustice PRLDEF y Arnold & Porter Kaye Scholer LLP.
La Federación Hispana celebró el reciente fallo y dijo que “subraya la importancia de proteger el derecho fundamental de alentar a los votantes elegibles a participar en su democracia y a hacerlo sin discriminación”.
El juicio aún está en curso y se espera que dure al menos dos semanas, según informó Latino Justice.
Qué requiere la ley SB 7050
La ley electoral de 2023 impugnada en este caso, es parte de un esfuerzo de años por parte del Congreso de Florida, controlado por los republicanos, para tomar medidas estrictas respecto a los grupos de registro de votantes.
DeSantis y otros líderes republicanos en el estado habían argumentado en parte que la legislación era necesaria para reforzar la seguridad electoral.
Entre otras disposiciones, en virtud de esta ley, se prohíbe a los no ciudadanos y personas que hayan sido condenadas por ciertos delitos graves, manejar o recolectar solicitudes de registro de votantes, explicó la Liga de Mujeres Votantes de Florida.
Es decir, se tendría que realizar una verificación de antecedentes de ciudadanía y de condenas pasadas para quienes quieran ser voluntarios de registro de votantes, de lo contrario, se aplicarían multas, como ya se mencionó.
La ley establece que las organizaciones de registro de votantes deben llevar un registro con detalles de cada solicitante de registro de votantes, incluyendo su nombre, fecha en que se recibió su solicitud, el nombre de la organización de registro de votantes, su afiliación a algún partido político y el condado en el que reside.
La Liga considera que “estos requisitos sobrecargarían y restringirían gravemente sus actividades de registro de votantes”.
La SB 7050 también prohíbe, a quienes registren votantes, retener la «información personal» de los votantes y establece que infringir esta regla se considera un delito grave de tercer grado.
En mayo del año pasado la coalición de organizaciones presentó la demanda de impugnación.
Poco después, el juez Mark Walker, bloqueó partes de la ley relacionadas con considerar como delito grave que los grupos de registro de votantes conservaran información personal de los votantes y poner restricciones a la «manipulación» de las solicitudes de registro por parte de los no ciudadanos, según Click Orlando.
Los abogados del gobernador Ron DeSantis apelaron la orden judicial preliminar de Walker ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos, pero el caso aún está pendiente, explicó Latino Justice.
En marzo de este año, una corte de distrito federal emitió una sentencia sumaria a favor de las organizaciones demandantes, prohibiendo a cualquier no ciudadano, independientemente de su estatus de residencia legal, trabajar o ser voluntario para organizaciones de registrar organizaciones demandantes de votantes de terceros que registran votantes.
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