Un juez federal de Kansas se negó a bloquear la aplicación en todo el país de una norma federal que obliga a cualquier persona que venda armas con fines predominantemente lucrativos a obtener una licencia federal y realizar comprobaciones de antecedentes, a veces conocida como la «laguna jurídica de las ferias de armas» porque su grupo objetivo incluía, en particular, a los comerciantes de las ferias de armas.
La sentencia fue dictada esta semana por el juez de distrito Toby Crouse en respuesta a una demanda presentada por Kansas, otros 19 estados, tres coleccionistas de armas individuales y una asociación de coleccionistas con sede en Wichita. La demanda se presentó inicialmente en Arkansas y posteriormente se trasladó a Kansas después de que un juez considerara que Arkansas no estaba legitimada para demandar.
Además de la demanda de Arkansas que se trasladó a Kansas, hubo otras dos impugnaciones legales similares a la norma en Florida y Texas, con lo que el número total de estados demandantes asciende a 26. Todos los demandantes argumentan que la norma constituye una infracción inconstitucional de la Segunda Enmienda y equivale a un intento ilegal de eludir al Congreso y ampliar las comprobaciones de antecedentes.
En la sentencia de Kansas, el juez escribió que las predicciones de los demandantes sobre los perjuicios para los estados, los coleccionistas de armas y los grupos eran demasiado especulativas, lo que socavaba su argumento de éxito en cuanto al fondo.
Aunque en última instancia los demandantes podrían tener éxito en cuanto al fondo, el juez escribió que «no demostraron de forma contundente que tuvieran muchas probabilidades de hacerlo».
La norma fue elaborada por el Departamento de Justicia y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Se ultimó en abril y modificó la definición legal de lo que significa «dedicarse al comercio» de armas de fuego, exigiendo a cualquiera que venda armas con ánimo de lucro que obtenga una licencia federal y realice comprobaciones de antecedentes.
Había excepciones a la norma para los aficionados, los coleccionistas de armas antiguas, las transferencias familiares y las ventas ocasionales para mejorar o liquidar una colección personal, siendo el aspecto clave de la exención que dichas ventas no estuvieran motivadas predominantemente por la intención de obtener un beneficio.
La norma pretendía cambiar la situación legal que permitía que decenas de miles de armas se vendieran cada año por distribuidores sin licencia sin estar legalmente obligados a realizar comprobaciones de antecedentes para ver si los compradores tenían prohibido legalmente poseer armas de fuego.
Los defensores de la norma la caracterizaron como el cierre de una laguna jurídica que facilitaba la adquisición de armas a personas que tienen prohibido legalmente poseerlas, como los delincuentes convictos.
«Esta única laguna en nuestro sistema federal de comprobación de antecedentes ha causado un dolor y un sufrimiento inimaginables», dijo la vicepresidenta Kamala Harris, que supervisa la Oficina de Prevención de la Violencia Armada de la Casa Blanca, en una llamada con periodistas en abril en la que se adelantó la normativa.
Los críticos de la normativa la consideraron una forma de reprimir la posesión de armas por medios inconstitucionales.
«El Congreso nunca ha aprobado como ley la nueva y drástica ampliación de los requisitos de la ATF para las licencias de comerciantes de armas de fuego, y el presidente Biden no puede imponerlos unilateralmente», dijo el fiscal general de Arkansas, Tim Griffin, cuando se presentó la demanda por primera vez. «Esta demanda es solo el último caso en el que mis colegas de otros estados y yo tenemos que recordarle al presidente que debe cumplir la ley».
El fiscal general de Kansas, Kris Kobach, que se unió a Griffin en la demanda, dijo en un comunicado que espera que la ley sea finalmente anulada.
«Esta es una etapa muy temprana en un caso que probablemente continuará durante mucho tiempo a menos que el presidente Trump sea elegido y rescinda inmediatamente la regla», dijo.
Un juez de Texas bloqueó la aplicación de la ley en el estado de la estrella solitaria, pero no extendió su decisión a otros tres estados que se unieron a la demanda: Luisiana, Misisipi y Utah.
La demanda de Florida sigue pendiente.
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