Un juez federal permitirá a dos estados que han demandado al gobierno federal por supuestamente alentar a las plataformas de medios sociales a censurar las opiniones de los usuarios realizar la proposición de prueba adicional necesario para mantener viva su demanda.
La propuesta de pruebas ayuda a los litigantes a reunir pruebas para el juicio y puede consistir en interrogatorios bajo juramento y solicitudes de documentos.
El juez de distrito estadounidense Terry Doughty, de Monroe, Luisiana, emitió la nueva orden el 8 de noviembre después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara el 26 de junio la solicitud de Missouri y Luisiana para impedir que la administración Biden se comunicara con empresas de redes sociales sobre cuestiones de salud pública relacionadas con la pandemia de COVID-19.
Los estados demandaron al gobierno federal por censura porque supuestamente presionó a las empresas de redes sociales para que suprimieran ciertos contenidos.
Durante la pandemia, el director general de salud pública de Estados Unidos, el doctor Vivek Murthy, emitió una declaración pública en la que alentaba a las plataformas de redes sociales a evitar que «se propagara» la información sobre la COVID-19 que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) habían considerado desinformación. El FBI y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) también se comunicaron con las plataformas sobre desinformación relacionada con las elecciones antes de las elecciones presidenciales de 2020 y las elecciones al Congreso de 2022.
Los jueces votaron 6 a 3 en junio y encontraron que los estados y cinco usuarios de redes sociales que impugnaron al gobierno federal carecían de legitimidad legal para solicitar una orden judicial porque no podían demostrar que habían sido perjudicados directamente por los esfuerzos del gobierno de comunicarse con las plataformas.
La legitimación activa se refiere al derecho de una persona a presentar una demanda ante una corte. Las partes deben demostrar una conexión lo suficientemente fuerte con la ley o la acción de la que se queja para justificar su participación en la demanda.
Los estados sostienen que la administración Biden presionó a las empresas de redes sociales para que censuraran opiniones desfavorables sobre importantes cuestiones públicas, como los posibles efectos secundarios relacionados con las vacunas contra la COVID-19 y los confinamientos por la pandemia. Dicen que aplicar este tipo de presión viola los derechos de los estadounidenses amparados por la Primera Enmienda.
Los conservadores y otros se han quejado de que las plataformas de redes sociales ocultan información sobre sus puntos de vista acerca de las cuestiones transgénero, COVID-19 y las elecciones de 2020.
Algunos en la izquierda dicen que la eliminación de los mensajes en las redes sociales es necesaria para evitar la propagación de información errónea, y algunos se han quejado de que las plataformas de redes sociales no hacen lo suficiente para combatir las falsedades.
Doughty, cuya sentencia de 2023 que impedía al gobierno federal comunicarse con las empresas de redes sociales fue revocado por la Corte Suprema en junio, dijo en su nueva orden que consideraba apropiado preguntar a los litigantes si debería haber más proposición de pruebas. La proposición de pruebas estaría relacionada con la cuestión de la legitimación para ayudar a la corte a evaluar si tiene autoridad para continuar con este caso o si la demanda debería ser desestimada.
Los estados abogaron por la proposición de pruebas, mientras que el gobierno federal abogó por la desestimación, dijo.
“Actualmente nos encontramos en un purgatorio jurisdiccional, atrapados entre diferentes estándares”.
Se requiere una «mayor demostración de legitimación» para una orden judicial que la «mínima demostración» necesaria para mantener vivo el litigio.
La Corte Suprema “estaba claramente aplicando este estándar más estricto cuando revocó la decisión”, por lo que esto significa que el fallo de la corte superior “no es necesariamente fatal para la demanda [de los estados] en general”.
Los estados han demostrado la necesidad de más proposición de pruebas sobre la cuestión de la legitimación, dijo.
Al mismo tiempo, Doughty denegó por el momento la solicitud de los estados de modificar su demanda en un esfuerzo por reforzar su posición jurídica en el caso.
El hecho de que el presidente Joe Biden, cuya administración está siendo demandada, sea reemplazado por el presidente electo Donald Trump en poco más de dos meses, no justifica desestimar la demanda, dijo.
Aunque «el cambio de régimen es inminente», sería «esencialmente especulativo» desestimar el caso basándose únicamente en ese hecho, dijo el juez.
The Epoch Times se puso en contacto con los fiscales generales de Missouri y Luisiana y con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para solicitar sus comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.
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