Un juez federal de Alabama se negó el martes a detener el litigio que impugna la prohibición estatal de los bloqueadores de la pubertad y otros procedimientos transgénero para menores que experimentan disconformidad con su sexo biológico.
El martes, la juez de distrito Liles Burke emitió una decisión en la que rechazaba una petición del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) para detener temporalmente el caso de Alabama mientras los tribunales de apelación determinan si atenderán las peticiones relacionadas que abordan la legalidad de los estados que imponen tales prohibiciones, reportó CBS News.
El DOJ, que presentó una demanda contra la prohibición del estado en abril de 2022, había argumentado en su solicitud de suspensión que el «excepcional panorama legal está evolucionando rápidamente», señalando que hay decisiones pendientes en casos similares en Kentucky y Tennessee.
El juez Burke, designado por el presidente Donald Trump, afirmó en su fallo que el caso seguiría adelante en este momento, dejando la puerta abierta a una posible suspensión más adelante si se conceden las peticiones relacionadas en los casos de Kentucky y Tennessee.
La gobernadora Kay Ivey, republicana, promulgó en 2022 la ley 184 del Senado, conocido como Ley de Compasión y Protección del Niño Vulnerable de Alabama. La legislación prohíbe a los proveedores de atención sanitaria administrar hormonas del sexo opuesto, bloqueadores de la pubertad y realizar cirugías de cambio de sexo a menores.
Además, la legislación prohíbe a enfermeros, consejeros, profesores, directores u otros funcionarios escolares ocultar a los padres si su hijo no se identifica con su sexo de nacimiento.
La ley estatal tipifica como delito que cualquier persona «realice o provoque» determinados tipos de procedimientos médicos transgénero en menores, lo que, según los defensores de la prohibición, «protege a los menores de procedimientos médicos perjudiciales e innecesarios».
Los médicos que infrinjan la ley podrían enfrentarse a penas de hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 15,000 dólares.
En los últimos años, Kentucky, Tennessee y otros 20 estados han aplicado leyes que restringen a los profesionales médicos la realización de procedimientos de cambio de sexo en menores.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia para pedirle comentarios.
¿Atención o daño?
Los críticos han denunciado que estas prohibiciones discriminan a los menores que se identifican como transgénero al negarles el acceso a determinados «cuidados médicos necesarios» y al afectar negativamente a su salud mental.
Las familias de los menores que se identifican como transgénero y un médico que realiza este tipo de procedimientos y tratamientos a menores han presentado una demanda contra la prohibición.
«Las familias dicen que la denegación de la atención médicamente necesaria será devastadora para la salud mental y física de sus hijos adolescentes», según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
El Departamento de Justicia, en su demanda de abril de 2022, alegó que la prohibición viola la Cláusula de Igual Protección de la 14ª Enmienda de la Constitución de EE. UU. al discriminar por razón de sexo y por la condición de transgénero.
La ACLU emprendió nuevas acciones legales contra Tennessee, presentando en abril una demanda en la que argumentaba que la ley restringía el «tratamiento médicamente necesario» e invadía los «derechos fundamentales de los padres a acceder a la atención médica esencial para sus hijos adolescentes».
Tras esto, la ACLU amplió su desafío legal al mes siguiente, presentando una segunda demanda contra Kentucky, alegando que la prohibición del estado provocaría «daños graves e irreparables».
Mientras tanto, Alliance Defending Freedom (ADF), que defiende la prohibición, ha dicho que los activistas políticos y los grupos de interés están apuntando a los niños que luchan contra la disforia de género.
Los activistas y los grupos de interés están «impulsando una agenda radical que afirma que la solución a la angustia de estos niños es promover medicamentos experimentales que alteran la vida y cirugías que impiden la pubertad saludable, alteran radicalmente el equilibrio hormonal del niño, extirpan órganos externos o internos sanos y partes del cuerpo, e infligen una esterilización potencialmente permanente», según ADF.
La disforia de género suele describirse como la angustia asociada a un fuerte malestar con el sexo biológico propio. Es la base médica sobre la que se prescriben los procedimientos transgénero. Sin embargo, la ADF sostiene que «no ha habido ningún beneficio demostrable de medidas tan extremas».
El juicio del caso de Alabama se celebrará en abril de 2024.
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