Un juez de Arizona ordenó el viernes que se detenga la auditoría a los votos que se emitieron en las elecciones de 2020.
El juez de la Corte Superior del condado de Maricopa, Chris Coury, dijo que la pausa debe ser temporal. Empieza a las 5 p.m. del viernes hasta el mediodía del lunes.
Durante una audiencia, llevada a cabo el 26 de abril, Coury mantuvo abierta la posibilidad de extender la pausa.
La auditoría sólo se detendrá si el Partido Demócrata de Arizona deposita una fianza de un millón de dólares destinada a compensar al Senado de Arizona por los gastos que genere la suspensión, si llegan a generarse.
El jueves, el Partido Demócrata presentó una demanda para detener la auditoría, argumentando que viola la ley estatal al carecer de las garantías adecuadas.
“La pregunta que estamos planteando aquí es que la auditoría que el Senado y sus agentes están realizando viola muchas disposiciones de la ley estatal”, le dijo Roopali Desai al juez. Desai es el abogado de los demandantes. «Y son esas violaciones específicas de la ley las que nos traen hoy aquí a su sala de audiencias», agregó.
El juez de un caso anterior dictaminó que el condado debe cumplir con las citaciones del Senado.
La información de los votantes podría hacerse pública debido a la falta de seguridad, alegó Desai.
La línea telefónica del Partido Demócrata de Arizona no aceptaba llamadas y su sitio web no incluía una dirección de correo electrónico. La oficina legal de Desai no respondió a las solicitudes de comentarios.
Un abogado del Senado, que pidió la auditoria para el equipo y las boletas y contrató a cuatro firmas para realizarla, argumentó que los demandantes no proporcionaron evidencia para sus reclamos.
Dejando a un lado los méritos, «no hemos oído ni una palabra de los demandantes sobre cómo no se aplica la cláusula constitucional que dice que los miembros de la legislatura son inmunes al proceso civil mientras la legislatura está en proceso», dijo Kory Langhofer, el abogado del Senado.
Estaba previsto que la auditoría iniciara el viernes tras la entrega, en el Veterans Memorial Coliseum de Phoenix, de los equipos utilizados en la elección presidencial, 385 tabuladores y 2.1 millones de votos.
Una batalla legal sobre la auditoría se ha desarrollado durante meses. La Junta de Supervisores del Condado de Maricopa se resiste a las propuestas que piden auditar los votos del condado. El condado ha dicho que hizo varios recuentos y no encontró problemas importantes.
Steve Gallardo, el único demócrata en la junta de cinco miembros, se unió a la demanda.
Coury dijo que estaba preocupado por los problemas de confidencialidad debido a la información sensible, como nombres y direcciones, que los auditores verán.
Sin embargo, enfatizó que la auditoría finalmente continuará.
“Esta es una pausa muy breve para asegurar que la confidencialidad y las protecciones requeridas por la Constitución y las leyes estén vigentes, eso es todo lo que realmente es”, dijo, y luego agregó: “Permítanme ser claro: la auditoría continuará”.
Coury quiere que se le informe sobre el tema de la inmunidad legislativa, la separación de poderes y si los demandantes tienen la legitimidad adecuada.
El viernes, la secretaria de Estado de Arizona, Katie Hobbs, una demócrata, instó al contralor general de Arizona a investigar las posibles violaciones a las leyes electorales del estado en relación con la auditoría electoral.
Hobbs le dijo al contralor general, Mark Brnovich, un republicano, que ha habido informes que indican que el Senado no aseguró el equipo y los votos que sus contratistas están auditando, lo que resulta en un «acceso no autorizado y no monitoreado» al equipo y a los votos.
La oficina de Brnovich no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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