Un juez de Paz de El Salvador decretó este miércoles la búsqueda y captura internacional del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) y otros cuatro exfuncionarios con la ayuda de Interpol por cargos de corrupción, informó la Fiscalía.
Maricela Velásquez, jefa de la Unidad Contra Lavado de Activos, señaló que la decisión fue tomada por el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, corte que envió el proceso a la fase de instrucción por cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en contra de Sánchez Cerén y otros nueve exfuncionarios.
«El juez ha resuelto librar oficio a Interpol a efecto de que sean localizados y puestos a disposición de los tribunales competentes», indicó a periodistas.
Sánchez Cerén es el cuarto presidente de la etapa democrática salvadoreña en tener una orden de captura en su contra por supuesta corrupción.
De acuerdo con la Fiscalía, Sánchez Cerén habría recibido 530,000 dólares en sobresueldos irregulares cuando era vicepresidente (2009-2014) y el país era gobernado por Mauricio Funes.
Ambos llegaron al poder bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que sufrió un debacle electoral a raíz de los casos de corrupción ligados a sus administraciones.
Se desconoce actualmente el paradero de Sánchez Cerén, también excomandante guerrillero del FMLN y quien habría salido del país a finales de 2020 rumbo a Nicaragua, según las autoridades de seguridad.
Los otros exfuncionarios que tienen orden de captura internacional son José López Juárez, expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA) y el exsecretario privado de la Presidencia Manuel Melgar, además de los exministros de Obras Públicas y Medio Ambiente, Gerson Martínez y Lina Pohl, respectivamente.
Quienes guardarán prisión provisional son el extitular de Hacienda Carlos Cáceres, la exministra de Salud Violeta Menjívar, los exviceministros Hugo Flores y Erlinda Handal, y el exdiputado del FMLN Calixto Mejía (2014-2017).
Estos cinco exfuncionarios se presentaron el martes a los tribunales para enfrentar la audiencia inicial del proceso penal.
Este caso se desprende de la investigación contra Funes por la supuesta malversación de 351 millones de dólares del presupuesto estatal.
Funes vive en Nicaragua desde 2016 y recibió en 2017 la nacionalidad de ese país centroamericano, cuya Constitución prohíbe la extradición de sus ciudadanos.
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