PUNTA GORDA, Fla. —El miércoles por la mañana, el juez de la Corte del Segundo Distrito John Cooper escuchó los argumentos de ambas partes sobre una suspensión automática de la orden ejecutiva del gobernador Ron DeSantis que permite a los padres optar por no seguir las ordenes de uso de mascarillas de los distritos escolares. El juez dictaminó anular la suspensión, permitiendo que las escuelas continúen con la exigencia de que los estudiantes, los empleados y los proveedores usen cubiertas faciales, así como prohibir que el Departamento de Educación emita sanciones a los distritos escolares por no seguir la orden ejecutiva del gobernador.
Después de que el juez del condado de Leon fallara la semana pasada en contra del gobernador, citando su orden ejecutiva como inconstitucional, los abogados del estado presentaron una apelación. Durante el proceso de apelación, se activa una suspensión automática para anular la orden del juez hasta que se escuche la apelación, que normalmente se reserva para las entidades gubernamentales. Esto no gustó a la oposición, que presentó una moción para anular la suspensión automática, lo que condujo a la decisión del juez el miércoles.
Sin embargo, el fallo no fue «ninguna sorpresa» para el ala del gobernador, ya que la decisión del juez estaba prevista.
Taryn Fenske, directora de comunicaciones del gobernador, escribió: «No es una sorpresa que el juez Cooper haya llegado a la conclusión de que es improbable que sea anulado en la apelación. Nosotros (sin sorpresa) no estamos de acuerdo», en una declaración al Epoch Times.
«Hoy tenemos previsto presentar nuestra moción de emergencia para restablecer la suspensión, y prevemos que el tribunal de apelación se pronunciará rápidamente, de forma similar a lo que ocurrió con el caso de reapertura de escuelas el año pasado», dijo Fenske.
El fallo final de Cooper se produjo tras una discusión de 30 minutos y la presentación de pruebas por ambas partes. Al final, el juez determinó que debido a que los niños menores de 12 años no pueden ser vacunados, existe un peligro y otras mitigaciones como el uso de mascarillas deben ser consideradas por los consejos escolares, citando a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades como el «criterio de referencia».
«Es indiscutible que en Florida estamos en medio de una pandemia de COVID», dijo Cooper en la audiencia pública. «Basándome en las pruebas que he escuchado, no hay ningún perjuicio para el estado si se anula la suspensión; no hay nada en mi sentencia final que impida a los demandados aplicar la totalidad de la Carta de Derechos, solo digo que no se puede aplicar solo una parte. No veo ningún perjuicio para el Estado si se anula la suspensión».
Carta de derechos de los padres
La Carta de Derechos de los Padres tiene 68 días y ya ha desencadenado una batalla legal entre los padres que quieren órdenes de mascarilla en las escuelas y un gobernador que sostiene que los padres y los tutores legales deben ser los que tomen las decisiones de salud para sus hijos, incluyendo el que usen mascarilla o no.
Cooper, en su sentencia original, declaró que la Carta de Derechos de los Padres protege la decisión de un distrito de establecer protecciones como la exigencia de mascarillas siempre que cumpla ciertos criterios en caso de ser impugnado. En opinión del juez, el gobernador se extralimitó y consideró que su orden ejecutiva era inconstitucional.
DeSantis no estuvo de acuerdo con el fallo del juez y ha mantenido que su orden ejecutiva y las normas administrativas relacionadas «son legales». Sigue defendiendo la medida como una protección del derecho de los padres a elegir lo mejor para la salud y el bienestar de sus hijos.
«¿Por qué no damos poder a los padres?», dijo DeSantis en un evento de prensa el viernes pasado. «Dejemos que tomen la mejor decisión para sus hijos y creo que acabará funcionando».
Los abogados de los padres presentaron una moción la semana pasada argumentando que durante el proceso de apelación las escuelas no podían hacer cumplir sus órdenes de mascarillas y que estaban poniendo la salud y la seguridad de los estudiantes en riesgo de infectarse con el COVID-19, más específicamente la variante delta que ha plagado Florida todo el verano. La moción se basaba en la probabilidad de un daño irreparable.
El abogado que representa a los padres, Charles Gallagher, dijo que poner fin a las órdenes de mascarillas conduciría a «más niños enfermos y muertos» y «pone a todos los estudiantes, profesores, padres y empleados en peligro».
Michael Abel, abogado del estado, no estuvo de acuerdo y argumentó que era probable que el gobernador ganara el caso en la apelación, basándose en decisiones judiciales anteriores, y que «debería concederse la suspensión mientras el caso avanza». También cuestionó la idea de los demandantes de que los estudiantes se verían perjudicados.
«Esa retórica es inútil e irresponsable», dijo Abel. «No han demostrado un daño irreparable».
Cuatro días antes de que se diera a conocer la orden escrita del juez, el pasado viernes, el presidente del Departamento de Educación de Florida, Richard Corcoran, sancionó a dos distritos escolares e inició investigaciones sobre otros dos que habían desafiado la orden del gobernador.
A las juntas de los distritos de Alachua y Broward se les retuvieron fondos equivalentes a los salarios de los superintendentes y miembros de las juntas escolares que votaron a favor de las órdenes de mascarilla sin que los padres pudieran decidir no seguirlas. Los distritos de Hillsborough y Sarasota están siendo investigados por sus políticas de mascarillas.
Durante su fallo, Cooper dedicó mucho tiempo a defender su decisión, señalando que anteriormente había decidido casos para el exgobernador Jeb Bush y el exgobernador Rick Scott. «Si se mira mi historial, no es de alguien disperso y que falle contra el gobernador», dijo.
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