El 13 de marzo, el juez de la Corte Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, resolvió sobre varias objeciones, eliminando seis cargos de la imputación de 41 cargos contra el expresidente Donald Trump y 14 coacusados.
Las impugnaciones fueron presentadas por el presidente Trump, el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y los abogados John Eastman, Ray Smith III, Robert Cheeley y Rudy Giuliani.
Tres de los cargos anulados se aplican al presidente Trump, desestimando cargos relacionados con una llamada telefónica que hizo al secretario de Estado de Georgia.
En un principio, la imputación se refería a 19 acusados, cuatro de los cuales se han declarado culpables. Todos estaban acusados de violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO, por sus siglas en inglés) de Georgia, así como de 40 cargos adicionales.
La sentencia se produce antes de una decisión prevista para esta semana sobre una moción para deshabilitar a la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, del caso.
Cargos anulados
El juez anuló los cargos 2, 5, 6, 23, 28 y 38 de la acusación. Estos cargos están relacionados con solicitar a funcionarios que violen el juramento de sus cargos, incluso mediante una llamada telefónica que el presidente Trump hizo al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger.
Los cargos alegaban que los acusados solicitaron a miembros del Senado de Georgia, de la Cámara de Representantes de Georgia, al presidente de la Cámara de Representantes de Georgia y al Sr. Raffensperger que violaran los juramentos de sus cargos al intentar certificar a electores suplentes o «influir en los resultados electorales certificados».
Esto deja solo el cargo por la ley RICO para el Sr. Meadows, 10 cargos para el expresidente Trump, 11 cargos para el Sr. Giuliani, 10 cargos para el Sr. Smith, nueve cargos para el Sr. Cheeley y ocho cargos para el Sr. Eastman.
El juez añadió que «estas deficiencias en las alegaciones no se aplican a los actos correspondientes» enumerados en el cargo por la RICO como parte de una supuesta conspiración, pero que para mantenerse como acusaciones separadas debían cumplir una norma legal más estricta.
«Un acusado puede ser declarado culpable de conspiración incluso después de haber sido absuelto de los actos manifiestos alegados», escribió.
La acusación RICO se mantiene, y no se desestima la acusación en su conjunto. El juez consideró que los acusados no habían aportado la autoridad necesaria para eliminar los actos de la acusación de crimen organizado.
El juez escribió, citando precedentes, que una «objeción especial es similar a una «petición de una declaración más definitiva», y que la eliminación de estos cargos era necesaria en ese momento para proteger los derechos procesales.
Los «juramentos» de los cargos no estaban «expresamente prescritos», como exige la ley estatal, señaló el juez, por lo que los cargos eran demasiado vagos para mantenerse por separado.
Los agentes en cuestión prestaron juramentos distintos, pero se les acusa en cargos separados, por lo que la omisión de los juramentos es «legalmente inofensiva», escribió el juez. Sin embargo, la acusación tampoco detalla qué partes del juramento solicitaron supuestamente los acusados a los agentes que violaran.
Los cargos solo hacen referencia a las Constituciones de Estados Unidos y Georgia en relación con los juramentos, lo que el juez consideró demasiado «genérico», ya que cada documento contiene cientos de cláusulas sujetas a interpretaciones «radicalmente diferentes».
«La preocupación de la corte no es tanto que el Estado no haya alegado una conducta suficiente de los demandados —de hecho, ha alegado abundancia», escribió el juez McAfee. «Sin embargo, la falta de detalles sobre un elemento jurídico esencial es, en opinión del que suscribe, fatal».
El juez explicó que la falta de detalles significa que los demandados no tienen «información suficiente para preparar sus defensas con inteligencia».
Crucialmente, el juez no desestimó todos los cargos impugnados por los acusados, que también habían incluido el cargo RICO. El Sr. Cheeley había presentado una impugnación especial por el cargo 23, que también era «solicitud de violación del juramento por funcionario público», pero el juez consideró que existía un vínculo entre el Senado de Georgia y las funciones de nombramiento de los electores presidenciales.
En una nota a pie de página, el juez añade que los fiscales pueden solicitar la acusación por los seis cargos, y dio un plazo de seis meses para volver a presentar el caso ante un gran jurado.
También se permite al estado solicitar la revisión de la decisión del juez McAfee, «que la corte probablemente concedería debido a la falta de autoridad precedente», señaló.
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