El 1 de octubre, un juez de Georgia se mostró escéptico ante las normas aprobadas por la junta electoral del estado.
El juez de la Corte Superior del condado de Fulton, Robert McBurney, calificó una de las normas impugnadas de «vaga» y que necesitaba aclaración. Dijo que gran parte de las políticas que salen de la junta electoral del estado eran incompatibles con un fallo de la Corte Suprema sobre las normas aprobadas antes de una elección.
Una de las normas en cuestión en el juicio del martes proporciona una definición de la certificación que incluye exigir a los funcionarios del condado para llevar a cabo una «investigación razonable» antes de certificar los resultados, pero no especifica lo que eso significa.
La otra incluye un lenguaje que permite a los funcionarios electorales del condado «examinar toda la documentación relacionada con las elecciones creada durante la celebración de las mismas».
Los partidarios de las normas dicen que son necesarias para garantizar la exactitud de los totales de votos antes de que los funcionarios electorales del condado los firmen.
Sin embargo, a los críticos les preocupa que los partidarios del candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, puedan utilizar las normas para retrasar o denegar la certificación si el expresidente pierde el estado frente a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, causando confusión y sembrando dudas sobre los resultados.
Necesidad de claridad
Sobre la regla de «investigación razonable», McBurney le dijo a Ben Thorpe, abogado del Comité Nacional Demócrata: «Esa, para mí, en su cara, es vaga y necesita aclaración».
McBurney parecía dispuesto a la regla de examinación, que dijo que parecía ser una «regla permisiva».
«Lucho por ver cómo eso presenta incertidumbre a nadie porque permite el acceso, pero no obliga a nadie a hacer nada», dijo.
Thorpe se mostró en desacuerdo con una parte de la norma que obliga a los trabajadores electorales a reunirse y revisar las actas de los distritos electorales horas antes de que se hayan completado todas las actas. Eso crea un «problema concreto, directo y real» para los trabajadores, dijo Thorpe.
El juicio fue provocado por la solicitud de los demócratas de sentencias declaratorias que invalidaran dos políticas aprobadas por la junta electoral. El 30 de septiembre, el Partido Demócrata también presentó una demanda impugnando otra política en la que la junta electoral exigía que las boletas se contaran a mano.
McBurney comenzó el juicio preguntando a los abogados presentes si estaban de acuerdo en que la certificación de las elecciones era obligatoria según las nuevas normas.
Lo hicieron, dejando a McBurney centrarse, en parte, en cómo los funcionarios del condado podrían interpretar las normas establecidas por la junta electoral.
Thorpe dijo a McBurney que en la medida en que el juez no invalidara las normas en cuestión, debería aclarar que los trabajadores electorales deben certificar en el plazo señalado a pesar de las incertidumbres. McBurney pareció estar de acuerdo, sugiriendo una investigación razonable de los resultados sin renunciar a la certificación.
Los abogados de la junta electoral y del Comité Nacional Republicano sostuvieron que la nueva norma permitía a los trabajadores electorales mantenerse dentro de los límites de la ley.
Elizabeth Young, abogada de la junta electoral, dijo que una decisión del juez era innecesaria. Dijo que si McBurney hacía algo más que sugerir a los trabajadores electorales que siguieran la ley, podría estar entrando en el territorio de la emisión de una opinión «consultiva», de la que dijo que quería mantenerse alejado.
La mala fe por parte de un trabajador electoral, sugirió, no era una razón válida para emitir una opinión consultiva, ya que indicaba que los trabajadores no estarían dispuestos a cumplir con sus obligaciones legales.
«Digamos que tienes una mayoría [de una junta electoral] y no cumplieron con su deber legal, eso me suena en esa hipótesis particular como un caso muy fuerte para mandamus», dijo.
El mandato judicial consiste en que una corte ordene a alguien que cumpla sus obligaciones legales.
Con información de The Associated Press.
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