Un juez de Illinois dictó el jueves una segunda orden de restricción temporal contra la prohibición de las llamadas «armas de asalto» y los cargadores de más de 12 cartuchos.
La demanda (pdf), presentada por 1690 demandantes contra el gobernador J.B. Pritzker (D-Ill.) en enero, argumentaba que la Ley de Protección de las Comunidades de Illinois (HB 5471) violaba múltiples cláusulas de la Constitución de Illinois, entre ellas la norma de sujeto único, la cláusula de las tres lecturas, la cláusula del debido proceso y la cláusula de igualdad de protección.
El juez de Circuito Residente del Condado de White, T. Scott Webb, desestimó las tres primeras alegaciones, pero falló a favor de los demandantes en la cuarta, la violación de la cláusula de igualdad de protección.
Webb señaló que, dado que no existen antecedentes legislativos que el tribunal pueda revisar sobre cómo la legislatura eligió a quién eximir de la prohibición, «este tribunal considera que la Ley no cumple la norma».
«A tal fin, este tribunal considera que los demandantes han establecido un derecho protegible y es probable que tengan éxito en cuanto al fundamento», escribió en su fallo (pdf).
La legislatura de Illinois, controlada por los demócratas, aprobó en enero la ley que impone restricciones a una serie de armas de fuego semiautomáticas, cargadores de munición y dispositivos que aumentan la velocidad de disparo de las armas. La legislación también obligaba a las personas que poseyeran legalmente estos artículos a registrarlos ante la policía estatal, y prohibía la venta y transferencia de tales armas de fuego y accesorios.
Sin embargo, se excluía de las restricciones a determinados grupos de personas, como agentes de la ley, personal militar, funcionarios de prisiones y otros.
El juez Joshua Morrison, del condado de Effingham, emitió la primera orden de restricción temporal en enero (pdf), dictaminando que la ley violaba el plazo establecido en la Constitución de Illinois para su aprobación.
Defectos de procedimiento «muy preocupantes»
Webb señaló que el texto original de la ley fue modificado en lo que parecía un intento de evitar el debate y asegurar una rápida aprobación.
«Este Tribunal considera que los defectos de procedimiento en la aprobación de la Ley son los más preocupantes. El hecho de que el texto original de la ley se presentara como HB 5855 es, como mínimo, desconcertante», escribió Webb. «Es evidente que la legislatura sabía que no tendría tiempo de seguir los procedimientos correctos, es decir, tres lecturas, y aprobar el proyecto de ley».
«En lo que parece un claro intento de evitar el debate y garantizar una aprobación relámpago, destriparon el contenido original de la HB 5471 (regulación de seguros) y lo sustituyeron por el contenido de la HB 5855», continuó.
Según Webb, el tribunal considera las acciones de la legislatura como «una flagrante violación del requisito de las tres lecturas de la Constitución de Illinois».
A pesar de estas preocupaciones, el juez dijo que carecía de autoridad para fallar a favor de los demandantes en ese cargo debido a una opinión reciente del Tribunal de Apelaciones del Quinto Distrito sobre la misma cuestión.
En consecuencia, Webb denegó la solicitud de orden de restricción temporal basada en las alegaciones de la cláusula de las tres lecturas. También denegó el tercer cargo en relación con el debido proceso, citando la misma opinión.
Igualdad de protección
La cláusula de igualdad de protección de la Constitución de Illinois exige que el gobierno trate de la misma manera a las personas en situación similar, a menos que el gobierno pueda demostrar una razón para tratarlas de manera diferente, señaló Webb.
Dado que el proyecto de ley está relacionado con el derecho fundamental a portar armas, Webb dijo en su fallo que la legislación solo debe restringir este derecho de una manera muy limitada que sirva a un «interés estatal imperioso». Además, durante el proceso legislativo debería haberse aplicado una norma estricta de escrutinio.
Los demandados alegaron que los demandantes no podían alegar la igualdad de derechos de protección en virtud de la Constitución de Illinois, como sí podían haber alegado sus derechos a la Segunda Enmienda en virtud de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, Webb no estuvo de acuerdo con este argumento.
Los demandados también argumentaron que los demandantes no demostraron en qué se parecían a las personas exentas de la prohibición. Pero Webb dijo que, sin una historia legislativa que revisar, era «casi imposible» determinar por qué algunos estaban exentos y otros no, ya que el legislador no proporcionó ninguna explicación para la clasificación.
«Se ha especulado con la posibilidad de que el legislador eligiera las clasificaciones exentas en función del entrenamiento con armas de fuego. De nuevo, se trata de una mera especulación porque no existen antecedentes legislativos ni registros de debates que ayuden a este Tribunal a comprender la base fundacional de las exenciones», escribió Webb.
Webb señaló que los demandantes plantearon preguntas en los alegatos orales sobre la falta de claridad de los requisitos de formación de los guardias de prisiones que están exentos, y también señaló la incoherencia de eximir a los militares en servicio activo, pero no a los veteranos, que pueden tener una formación similar en armas de fuego.
Según la presentación judicial, los demandados argumentaron además que el derecho a portar armas no está garantizado por la Constitución de Illinois, pero Webb discrepó, afirmando que «sencillamente no puede ser el caso» que la Constitución de Illinois proporcione menos protección contra la «intrusión gubernamental» que la Constitución de EE. UU.
«Erosión de un derecho fundamental»
Los acusados argumentaron que la ley fue aprobada para reducir los tiroteos masivos, pero Webb señaló que no había historia legislativa «para arrojar luz sobre esa cuestión».
Webb dijo que no se había presentado ni siquiera referenciado ningún estudio que demostrara cómo dicha prohibición ayudaría contra los tiroteos masivos.
«A este tribunal solo le queda especular sobre cómo el hecho de eximir de la Ley a determinadas personas, mientras que no se exime a otras, que parecen poseer una formación similar en materia de armas de fuego, contribuiría a disuadir los tiroteos masivos», escribió Webb.
En última instancia, el juez consideró que los demandantes sufrirían daños irreparables si no se concedía la orden de restricción temporal, señalando que la cuestión se refería a «la erosión de un derecho fundamental, el derecho a portar armas, al tratar de forma diferente a lo que parecen ser personas en situación similar».
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
