Un juez de Nevada rechazó una petición de grupos proaborto para incluir una pregunta en la boleta electoral de 2024 con el objetivo de hacer del acceso al aborto un derecho constitucional en todo el estado.
En una opinión emitida el martes, el juez del Tribunal de Distrito James Russell dictaminó que la medida propuesta -que enmendaría la Constitución de Nevada para garantizar el derecho a «todos los asuntos relacionados con el embarazo», desde la atención de la infertilidad hasta el control de la natalidad, la vasectomía, el aborto y la asistencia prenatal y atención posparto- es demasiado amplia para agregarla a la boleta como una pregunta de un solo tema.
«La petición abarca una multitud de temas que equivalen a un intercambio de favores», escribió Russell en la opinión, señalando que los peticionarios proaborto no ofrecieron ninguna explicación sobre cómo todos esos temas están «funcionalmente relacionados» entre sí.
«Por ejemplo, no está claro cómo se relaciona la vasectomía con la atención de la infertilidad o la atención posparto», escribió. «Del mismo modo, no está claro cómo se relaciona la atención posparto con los abortos o el control de la natalidad. Por lo tanto, es inadecuado caracterizar estas categorías amplias como un ‘tema único'».
«La Legislatura no podía reducir la ‘salud reproductiva’ a una sola ley, mucho menos a un solo capítulo estatutario», añadió el juez.
Además, el Sr. Russell señaló que la pregunta requeriría implícitamente una fuente de financiamiento, ya que, si la medida se aprobara, el estado necesitaría dinero para establecer un panel o junta para evaluar si un proveedor de atención médica realizó un aborto dentro del estándar de atención.
La Constitución de Nevada prohíbe cualquier medida electoral iniciada por los ciudadanos que exija gastos adicionales a menos que también imponga un «impuesto suficiente» o «prevea aumentar los ingresos necesarios». Esta iniciativa proaborto, sin embargo, no especificaba cómo el estado podría financiar a la entidad legal para proteger los «derechos reproductivos» propuestos.
«Si no se crea ninguna junta… entonces el significado simple de la petición perdería sentido», dijo el Sr. Russell. «Este es un mandato sin financiación».
Los grupos proaborto que encabezaron la medida, incluidos Planned Parenthood y el capítulo de Nevada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), también afirmaron que la enmienda constitucional propuesta no «reduciría ni limitaría los derechos a la igualdad y a la igualdad de protección». El señor Russell calificó esa descripción como «engañosa».
«No está claro qué significa legalmente el término ‘igualdad'», escribió.
Más importante aún, según el juez, los peticionarios no mencionaron que la enmienda constitucional en realidad limitaría la protección de las mujeres embarazadas al impedir que el estado responsabilice a los proveedores de atención médica por abortos espontáneos o muerte fetal.
«[La Petición] establece vagamente que ‘el Estado no puede penalizar, enjuiciar ni tomar medidas adversas contra ningún individuo basándose en el resultado de su embarazo'», explicó el Sr. Russell. «Esto es engañoso porque no delinea el hecho de que la petición impedirá que el Estado investigue o tome medidas contra cualquier aborto espontáneo o nacimiento de un mortinato».
Los defensores del aborto planean apelar el fallo del Sr. Russell ante la Corte Suprema de Nevada.
«No permitiremos que el fallo equivocado de un juez nos impida dar a los habitantes de Nevada la oportunidad de votar para proteger permanentemente sus derechos reproductivos en la Constitución de Nevada», dijo el miércoles en un comunicado Lindsay Harmon, presidenta del grupo proaborto Nevadans for Reproductive Freedom.
Mientras tanto, Jason Guinasso, el abogado que representa al Estado, dijo en una entrevista el miércoles que el fallo fue el «resultado correcto».
«Tienen que hacer un mejor trabajo para redefinir lo que proponen», dijo el abogado.
La petición fue presentada originalmente en septiembre. Si la pregunta llegara a la votación de noviembre de 2024 y se aprobara por mayoría simple, volvería a aparecer en la votación de 2026, porque se requiere una segunda aprobación para enmendar la constitución del estado.
Los demócratas de Nevada, que lograron asegurar una victoria en la carrera por el Senado del año pasado con un estrecho margen de menos de 8000 votos, esperan aumentar su participación en las próximas elecciones presidenciales invocando el debate sobre el aborto.
«Continuaremos recordando a los habitantes de Nevada la extrema agenda anti-elección de los republicanos todos los días hasta el próximo noviembre», dijo Johanna Warshaw, portavoz del Partido Demócrata de Nevada. «Todo el campo republicano está presionando por una prohibición nacional del aborto».
«Va a seguir siendo un tema realmente crítico en este ciclo», añadió.
La ley actual de Nevada permite abortos realizados hasta las 24 semanas de embarazo. Esto se consolidó en un referéndum de 1990, en el que casi dos tercios de los votantes de Nevada votaron a favor de una medida para garantizar que el lenguaje sólo pudiera modificarse o cambiarse mediante otro referéndum.
En marzo, los demócratas del Senado de Nevada presentaron una propuesta para enmendar la constitución estatal, declarando que cada individuo en el estado tiene «derecho a la libertad reproductiva».
El texto propuesto dice que el estado «no puede penalizar, procesar ni tomar medidas adversas contra ningún individuo basándose en el resultado de su embarazo, ni contra ningún proveedor de atención médica autorizado que actúe de manera consistente con el alcance y la práctica aplicables de brindar servicios de salud reproductiva a una persona que haya otorgado su consentimiento voluntario”.
«Tampoco podrá el Estado sancionar, procesar o tomar medidas adversas contra cualquier individuo o entidad por ayudar o asistir a otro individuo en el ejercicio de los derechos establecidos por esta iniciativa», agrega.
Si la Legislatura de Nevada aprueba la resolución, tendría que aprobarse en la sesión legislativa de 2025 y presentarse a los votantes para su aprobación en 2026 antes de que se pueda enmendar la constitución.
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