Texas y Luisiana han demandado con éxito a la administración Biden por una política de inmigración que permitía liberar a los «extranjeros criminales» de la custodia a la comunidad en lugar de deportarlos.
El juez de distrito de EE. UU. Drew Tipton falló el viernes a favor de Texas y Luisiana y al considerar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió reglas a través de un memorando «autodenominado» que pretendía regular la «aplicación civil de la inmigración».
Estos «memorandos ilegales de la agencia» permitían a los extranjeros ilegales condenados por delitos graves «vagar libremente» por Estados Unidos, argumentaron Texas y Luisiana en su demanda (pdf).
Tipton dijo que los asuntos legales en el caso eran “variados y complicados”, pero en esencia, el caso se trataba de si la administración Biden “podría exigir a sus funcionarios que actúen de una manera que entre en conflicto con un mandato legal impuesto por el Congreso”.
“Puede que no”, escribió Tipton.
Texas y Luisiana argumentaron que la política del DHS de permitir que los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE. UU. ejerzan discreción en los casos de deportación entraba en conflicto con los mandatos de detención bajo la ley federal.
Al defenderse de esta afirmación, Tipton consideró que las “explicaciones de la administración Biden se quedan cortas”.
«El Poder Ejecutivo puede priorizar sus recursos. Pero debe hacerlo dentro de los límites establecidos por el Congreso», dijo Tipton. «Utilizando las palabras ‘discreción’ y ‘priorización’, el Poder Ejecutivo reclama la autoridad para suspender los mandatos estatutarios. La ley no permite este enfoque».
El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, dijo en septiembre de 2021 que la política era justa y que la agencia estaba ajustada, informó The Hill.
“El hecho de que un individuo sea un no ciudadano removible no debe ser por sí solo la base de una acción de aplicación de la ley contra ellos. Centramos nuestros recursos porque son limitados, y por nuestra dedicación a hacer justicia», dijo.
The Epoch Times se puso en contacto con el DHS para solicitar más comentarios.
Los fiscales generales de Louisiana y Texas celebraron la victoria en Twitter.
“Un juez federal acaba de dictaminar con nosotros que la Administración Biden ya no puede negarse a detener a inmigrantes ilegales criminales. ¡Esta es una gran victoria para nuestra [Seguridad Nacional] y el [estado de derecho]!”, escribió Jeff Landry, el fiscal general de Luisiana.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, declaró que le había “dado a Biden otra derrota masiva» en una corte federal.
“[Biden] trató de anular la ley de inmigración, diciendo que el DHS no tenía que detener a criminales ilegales. La corte ahora dice que debe hacerlo. Siempre mantendré la línea con los demócratas y el estado de derecho”, escribió Paxton.
BREAKING: A federal judge has just ruled with us that the Biden Administration can no longer refuse to detain criminal illegal immigrants. This is a major win for our #NationalSecurity and the #RuleOfLaw!
— AG Jeff Landry (@AGJeffLandry) June 10, 2022
BREAKING: I just dealt Biden another massive defeat in fed court. He tried to throw out immigration law, saying DHS didn’t have to detain criminal illegals. The court now says he must. I will always hold the line with the Dems and the rule of law. https://t.co/EfHXWBidAB
— Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) June 10, 2022
Según documentos judiciales, cuando el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) encarcela a un extranjero criminal, informa a la agencia ICE. La agencia normalmente emitiría una solicitud de detención si el extranjero debe ser deportado cuando expire su sentencia. TDCJ luego retendría al extranjero en lugar de liberarlo en la comunidad.
Luisiana tiene un procedimiento similar, salvo que hay más centros de detención federales disponibles donde se retiene a los detenidos federales hasta que puedan ser deportados.
Sin embargo, desde la toma de posesión del presidente Joe Biden en enero de 2021, las agencias federales han “rescindido docenas de solicitudes de detención emitidas previamente a TDCJ, y el ICE se ha negado a asumir la custodia de extranjeros criminales peligrosos que había solicitado anteriormente”.
Louisiana y Texas argumentaron que las acciones de la administración Biden violan la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la Ley de Procedimiento Administrativo, los acuerdos vinculantes que el DHS negoció con Texas y Louisiana, y la Constitución de Estados Unidos.
Estos cambios de política, argumentaron los dos estados, “han dado lugar a una ‘crisis en la frontera’”.
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