El 13 de octubre, un juez federal declaró en desacato a altos funcionarios de la cárcel de Washington, por considerar que habían violado los derechos civiles de un acusado por la irrupción del Capitolio de Estados Unidos al impedirle el acceso a la atención médica.
El juez de distrito Royce Lamberth, nombrado por Reagan, declaró en desacato civil a la directora de la cárcel de Washington, Wanda Patten, y al director del Departamento de Correccionales, Quincy Booth, en una orden escrita tras expresar su descontento con ellos durante una audiencia judicial.
La orden no incluye sanciones ni penas, pero fue transmitida al fiscal general Merrick Garland para que investigue las posibles violaciones de los derechos civiles de los acusados en relación con la irrupción en el Capitolio del 6 de enero, «como se ejemplifica en este caso».
«Para mí está claro que los derechos civiles del acusado fueron violados por el Departamento de Correccionales del Distrito de Columbia», dijo Lamberth en el tribunal federal de Washington. «No sé si es porque es un acusado del 6 de enero o no».
El referente se refiere al trato de Christopher Worrell, acusado de desorden civil y otros cargos.
Worrell, que está detenido desde que fue arrestado en marzo, ha estado lidiando con una fractura en el dedo y cáncer, según los registros judiciales. En junio, un cirujano ortopédico de un hospital cercano recomendó a Worrell que se operara para reparar la fractura.
La cirugía para la fractura todavía está en proceso de ser aprobada por los Alguaciles de Estados Unidos, escribieron los abogados de Worrell y los fiscales en una actualización conjunta la semana pasada.
Lamberth dijo que después de recibir la actualización, se puso en contacto con el Alguacil interino de EE.UU. Lamont Ruffin para preguntar sobre el tema.
Ruffin dijo que las repetidas solicitudes de registros médicos del Departamento de Correccionales del Distrito de Columbia (DOC) no arrojaron las notas necesarias. El juez ordenó entonces a la cárcel de D.C. y al DOC que proporcionaran los registros al tribunal.
Los funcionarios de la cárcel no respondieron a la orden, dijo Lamberth en una presentación separada el 12 de octubre. Les ordenó que comparecieran ante él y demostraran por qué no deberían ser declarados en desacato civil.
Un abogado de la cárcel argumentó que habían estado trabajando para reunir los registros para cumplir con la orden del tribunal antes de que se fijara la audiencia por desacato.
«Él ha necesitado una operación. No la ha tenido», dijo el juez.
Los abogados defensores que representan a varios acusados por el incidente del Capitolio han dicho que sus clientes reciben un mal trato en la cárcel de Washington. Varios acusados han dicho que los guardias los golpean.
«Están siendo tratados como presos políticos de un país del tercer mundo», dijo el representante Louie Gohmert (R-Texas) a The Epoch Times.
Chris Geldart, teniente de alcalde para la seguridad pública y la justicia en Washington, dijo a The Epoch Times en un correo electrónico que el DOC «ha hecho todo lo posible para cumplir con las órdenes de la Corte de Distrito, incluyendo la provisión de los registros médicos externos referidos en este caso».
«El Departamento trabaja para garantizar los derechos constitucionales de todos los residentes y cooperará plenamente con cualquier indagación o investigación legal del Departamento de Justicia de Estados Unidos y/o la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos», escribió Geldart.
Los funcionarios del Departamento de Justicia no respondieron a una solicitud de comentarios al cierre de esta edición.
«Tanto mi cliente como yo estamos satisfechos con el resultado de la audiencia y el fallo del juez Lambert de hoy», dijo Alex Stavrou, un abogado que representa al acusado, a The Epoch Times en un correo electrónico.
«En nombre de todos los acusados por el 6 de enero, apoyamos la posición [del juez] de que la Fiscalía General investigue las posibles violaciones de los derechos civiles. En nombre de Christopher Worrell y de todos los acusados por el 6 de enero, confiamos y rogamos que la Fiscalía General lleve a cabo esta investigación inmediatamente y sin prejuicios», escribió Stavrou.
Con información de The Associated Press.
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