Una ley de Florida que exige que los delincuentes condenados paguen las multas y los honorarios pendientes relacionados con sus sentencias antes de poder inscribirse para votar fue en parte inconstitucional, según dictaminó un juez federal.
Con las elecciones de noviembre por delante, la decisión del domingo del Juez de Distrito de Estados Unidos Robert L. Hinkle podría potencialmente dar vía libre a cientos de miles de exdelincuentes que han cumplido «todos los términos de su sentencia incluyendo la libertad condicional y la libertad vigilada» la capacidad de registrarse para votar, posiblemente ampliando las listas en un estado de campo de batalla.
En su fallo de 125 páginas (pdf), Hinkle declaró que unas partes de la ley de Florida eran inconstitucionales. También ordenó que el estado ponga en marcha un nuevo proceso que ayude a los exdelincuentes a determinar si son elegibles para votar.
«Este sistema de pago de votos sería universalmente condenado como inconstitucional, pero por una cosa: cada ciudadano en cuestión fue condenado, en algún momento del pasado, por un delito grave», escribió el juez en su opinión. «Un estado puede privar del derecho de voto a los delincuentes e imponer condiciones para su reincorporación. Pero las condiciones deben pasar el escrutinio constitucional. Cualquier cosa que se pueda decir de un sistema racionalmente construido, este se queda corto en aspectos sustanciales».
En noviembre de 2018, Florida aprobó una enmienda, comúnmente conocida como la Enmienda 4, para la constitución del estado que permite a los exconvictos votar «al completar todos los términos de la sentencia, incluyendo la libertad condicional o la libertad vigilada», pero excluye a aquellos que fueron condenados por asesinato o delito sexual grave. Antes de la enmienda, todos los exconvictos estaban permanentemente privados del derecho a votar sin que se les concediera clemencia ejecutiva.
El gobernador Ron DeSantis (R) firmó posteriormente el proyecto de ley 7066 del Senado, el año pasado, en el que ordena que todas las personas encarceladas anteriormente paguen la restitución, las tasas judiciales y las multas antes de que se restablezca su derecho al voto (pdf). La ley se enfrentó a una intensa oposición de los grupos de defensa del derecho al voto, que sostienen que esta niega a las personas con condenas por delitos graves el derecho al voto y las penaliza en función de su incapacidad para pagar las tasas y las multas.
Varios exdelincuentes y grupos de defensa presentaron entonces una demanda contra funcionarios estatales, impugnando la constitucionalidad del requisito de pagar todas las obligaciones financieras legales (LFO). El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Florida consolidó los casos y emitió una orden preliminar a favor de los exdelincuentes, lo que llevó al Estado a apelar. El tribunal de apelaciones confirmó la orden judicial en febrero de este año.
Hinkle se puso del lado de los demandantes diciendo que exigir a los exdelincuentes que por lo demás son elegibles para votar, pero que «realmente no pueden pagar la cantidad requerida» era inconstitucional. También dijo que el requisito de pagar tarifas y costos como condición para votar también es inconstitucional, porque equivale a un impuesto, que viola la Vigésima Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Dijo que el Estado puede «condicionar el voto al pago de multas y la restitución que una persona puede pagar, pero no puede condicionar el voto al pago de cantidades que una persona no puede pagar o al pago de impuestos, incluso aquellos etiquetados como honorarios o costos».
El juez también ordenó a la división de elecciones adoptar un nuevo proceso que permite a los exdelincuentes solicitar una opinión consultiva sobre si son elegibles para votar, y solicitar una declaración de la multa o restitución que debe pagar la persona solicitante. Si en el plazo de 21 días no se da una respuesta o si la división de las elecciones no demuestra que la persona solicitante está en condiciones de pagar y proporciona una base fáctica para la aserción, entonces se le debe permitir votar.
Daniel Smith, presidente del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Florida, hizo previamente un análisis en el que encontró que más de 774.000 personas de Florida con condenas por delitos graves que fueron liberadas o están bajo la supervisión del condado deben alguna cantidad de LFO (pdf).
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes junto con otros grupos de derechos civiles, acogió con satisfacción la decisión del tribunal federal en un comunicado.
«El fallo de hoy es un poderoso recordatorio de que nadie puede superar la Constitución de Estados Unidos. Nuestra democracia requiere que cada votante elegible tenga un acceso equitativo en las urnas», dijo Daniel Tilley, director legal de la ACLU de Florida, en el comunicado.
La oficina del gobernador de Florida no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
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