Un juez federal denegó la petición de una organización conservadora sin ánimo de lucro para impedir que más de un cuarto de millón de votantes supuestamente inactivos participen en las próximas elecciones presidenciales en Pensilvania.
El 4 de noviembre, el juez Robert D. Mariani, de la Corte de Distrito de EE.UU. para el Distrito Medio de Pensilvania, falló en contra de los demandantes, Citizen AG (también conocida como Fundación 1789) y un votante individual, que argumentaron que 277,768 personas en las listas de votantes de Pensilvania eran inelegibles debido a la falta de respuesta a los avisos de confirmación en 2020 y la falta de participación en las elecciones federales posteriores.
Mariani describió la afirmación de los demandantes como «puramente especulativa» y «sin fundamento adecuado».
Presentada el 29 de octubre, la demanda alegaba que el secretario de Estado de Pensilvania, Al Schmidt, no mantenía listas de votantes precisas, como exige la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA), lo que potencialmente permitió que votantes no elegibles emitieran su voto el día de las elecciones. Los demandantes alegaron que la NVRA exige a los estados que envíen notificaciones de confirmación a los votantes que puedan haber cambiado de residencia y obliga a eliminarlos de las listas si esos votantes no responden y no votan en dos elecciones federales consecutivas.
Los demandantes solicitaban una orden de emergencia que obligara a Schmidt a proporcionar los registros de esos 277,768 votantes y a impedir que los votantes inactivos confirmados emitieran su voto en las próximas elecciones.
«Citizen AG y sus miembros de Pensilvania tienen preocupaciones legítimas sobre el debilitamiento del derecho fundamental al voto, y cuando los funcionarios estatales ignoran y violan descaradamente sus deberes bajo la ley federal bien establecida, esas preocupaciones sólo se exacerban», escribieron los demandantes en su demanda, que también pidió a la corte que obligue a los funcionarios de Pensilvania a administrar un programa de mantenimiento de la lista de votantes que cumpla con la NVRA en el futuro.
«Millones de ciudadanos de Pensilvania están preocupados por la integridad del proceso electoral y esta preocupación se traduce en desaliento para participar en el proceso democrático y los votantes registrados elegibles se llenan de temor en relación a que los votos legítimos serán anulados o diluidos, o su derecho a emitir un voto será despojado por completo», dice la denuncia.
En un escrito en el que se opone a la petición de los demandantes, el Secretario de Estado de Pensilvania plantea una serie de cuestiones, entre ellas que los demandantes carecen de legitimación, que no han presentado una demanda de reparación, que no existe un daño emergente o inminente que apoye una orden judicial de emergencia, y que esperaron demasiado tiempo para presentar su demanda.
«Dado que cualquier urgencia, por tanto, es de la propia creación de los demandantes, no tienen derecho a una medida de emergencia o preliminar», escribieron los abogados de Schmidt. «Habiendo retrasado estratégicamente la presentación de este caso, el grito de ‘emergencia’ de los Demandantes debe ser reconocido por lo que es: un intento desesperado de sembrar desconfianza antes de las elecciones de noviembre de 2024».
El escrito también indica que Schmidt indicó que los registros que buscan los demandantes se proporcionarían antes del 12 de noviembre, lo que los abogados defensores argumentan que es «totalmente conforme» con la ley estatal.
Al ponerse del lado de Schmidt y desestimar el caso, el juez consideró que los demandantes no habían demostrado la probabilidad de éxito en cuanto al fondo del caso, y que no habían cumplido su carga con respecto a cualquier derecho a medidas cautelares preliminares, incluyendo que sufrirían un daño irreparable si se denegaba su solicitud de medidas de emergencia.
No se devolvió inmediatamente una solicitud de comentarios sobre la sentencia enviada a Citizen AG.
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