Un juez de la Corte de Distrito de Massachusetts desestimó la demanda de México por 10,000 millones de dólares contra seis de ocho fabricantes de armas estadounidenses que, según el país, son responsables de la inundación de armas de fuego en el sur a través de la frontera entre Estados Unidos y México.
Presentada inicialmente en 2021, México argumentó en la demanda que las empresas estadounidenses, todas las cuales han negado haber cometido delito alguno, estaban socavando las estrictas leyes sobre armas de Massachusetts al vender armas que sabían que tenían posibilidades de ser pasadas de contrabando a través de la frontera.
Como resultado, el gobierno mexicano argumentó que los acusados debían ser considerados responsables de una parte significativa de la delincuencia del país, en muchos casos con armas de fabricación estadounidense. Esto, a su vez, ha provocado un descenso de la inversión, de la actividad económica y un mayor gasto en la aplicación de la ley, afirmó México.
El gobierno dijo que más de 500,000 armas son traficadas ilegalmente cada año a México desde Estados Unidos, más del 68 por ciento de las cuales son fabricadas por las empresas demandadas.
En el fallo, el juez de distrito de EE.UU. Dennis Saylor consideró que México no había mostrado pruebas suficientes para demostrar que las actividades de seis empresas demandadas en Massachusetts estuvieran relacionadas con la delincuencia con armas de fuego en México, citando problemas jurisdiccionales.
Como resultado, desestimó la demanda contra Sturm Ruger & Company, Barrett Firearms Manufacturing, Glock, Colt’s Manufacturing Company, Century International Arms y Beretta U.S.A. Corp. Quedan dos demandados: Smith & Wesson Brands y el mayorista Witmer Public Safety Group.
Smith & Wesson Brands y Witmer Public Safety Group no respondieron a una solicitud de comentarios en el momento de la publicación.
Según Saylor, la cuestión central a efectos jurisdiccionales es si las reclamaciones de México contra los seis demandados “surgen” de sus transacciones comerciales en Massachusetts.
Sin embargo, dice que la conexión con Massachusetts, en este caso, es “mínima en el mejor de los casos” porque el gobierno de México “obviamente no es ciudadano de Massachusetts”, y ninguno de los demandados opera o tiene un lugar principal de negocios en el estado.
“Ninguno de los supuestos daños se produjo en Massachusetts. No se alega que ningún ciudadano de Massachusetts haya sufrido perjuicio alguno”, dijo Saylor en la sentencia.
“Y el demandante no ha identificado ningún arma de fuego específica, o conjunto de armas de fuego, que se vendiera en Massachusetts y causara lesiones en México”.
Saylor también desestimó el argumento de que, estadísticamente, era probable que algunas armas de fuego vendidas en Massachusetts acabaran siendo traficadas ilegalmente a México.
Steve Shadowen, un abogado que representa a México, respondió en nombre del gobierno mexicano, diciendo que estaba decepcionado con la decisión y que estaría considerando opciones legales alternativas como apelar o volver a presentar el caso en otros tribunales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo en un comunicado que el fallo permitiría seguir adelante con la demanda contra los dos demandados restantes mientras se estudian otras opciones para los demandados que fueron desestimados.
Lawrence Keane, consejero general de la National Shooting Sports Foundation, acogió con satisfacción la decisión de Saylor de rechazar la “evidente búsqueda del foco más conveniente” de México, y expresó su optimismo de que la Corte Suprema de EE.UU. desestime el resto del caso.
Tras la presentación del caso en 2021, seis de los fabricantes de armas estadounidenses solicitaron desestimar las demandas de México basándose en una ley estadounidense de 2005, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA). La legislación protege a los fabricantes de armas de los daños “resultantes del uso indebido delictivo o ilegal” de un arma de fuego.
En 2022, un juez federal decidió desestimar el caso por estos motivos. Sin embargo, México apeló el fallo y, en enero, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de EE.UU. en Massachusetts revivió la demanda sobre la base de que la PLCAA no se aplica en este caso.
Con información de Reuters y The Associated Press
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