Un juez federal desestimó otra impugnación de la elegibilidad del expresidente Donald Trump como candidato en virtud de la Sección 3 de la 14ª Enmienda, esta vez en Carolina del Sur antes de las primarias del estado este mes.
Mientras se avecina una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la elegibilidad del presidente Trump, que se emitirá en menos de una semana, el presidente Trump sigue litigando varias impugnaciones en curso de esta naturaleza en jurisdicciones estatales y federales.
El caso de Carolina del Sur fue uno de los 20 presentados por John Anthony Castro, un candidato republicano poco conocido que fue acusado recientemente de varios delitos fiscales. Según los abogados del presidente Trump, a principios de enero se habían encontrado con unas 60 impugnaciones en al menos 30 estados.
La juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos Mary Geiger Lewis consideró el caso «sin mérito».
El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, lo describió como una «derrota punzante».
«Los esfuerzos de interferencia electoral de Crooked Joe Biden recibieron hoy otra dura derrota en una corte federal en Carolina del Sur», declaró. «Los aliados de Crooked Joe están agitándose desesperadamente en sus intentos de privar a los votantes de su derecho a votar por el candidato de su elección, el presidente Donald J. Trump, y creemos que un fallo justo de la Corte Suprema en el caso de Colorado acabará con estos engaños de la ‘Enmienda 14’ de una vez por todas.»
La juez Lewis señaló que Castro no había presentado este caso hasta septiembre a pesar de «buscar activamente» descalificar al presidente Trump desde 2022, y no encontró que Castro presentara argumentos serios.
«De hecho, la demora de Castro en presentar este caso demuestra a la Corte que el alivio que busca es menos urgente de lo que él hace parecer», dice la orden del 30 de enero.
El 2 de febrero, Castro apeló el caso ante una corte superior. Pero las primarias de Carolina del Sur se celebrarán el 24 de febrero, y la cuestión es probablemente discutible.
En las cortes federales de cerca de dos docenas de estados, Castro ha argumentado que permitir que el presidente Trump esté en la boleta electoral cuando supuestamente está descalificado «desviaría» votos de otros candidatos como él.
Más de un juez ha cuestionado la seriedad de Castro a la hora de dirigir una campaña, dictaminando que Castro no ha demostrado que la candidatura del Presidente Trump le haya causado ningún daño real. Un juez federal de New Hampshire consideró que, por el contrario, el principal método de campaña de Castro parecía ser implicar al presidente Trump a través de demandas contra funcionarios electorales estatales.
«En la medida en que Castro argumenta que Trump le quitará votantes si sigue siendo candidato, no ha demostrado que ese daño sea algo más que especulativo, ya que no ha demostrado la probabilidad de que los votantes que de otro modo votarían por Trump decidan votar por él», dice la orden de Carolina del Sur.
La Corte Suprema tramita el caso por la vía rápida
La Corte Suprema aceptó el caso el 5 de enero, y docenas de grupos e individuos han presentado desde entonces 79 informes amicus instando al tribunal a decidir de una manera u otra sobre el asunto de la elegibilidad del presidente Trump.
Los argumentos orales están programados para 80 minutos el 8 de febrero, y la corte declaró que tiene la intención de emitir una opinión por escrito el mismo día.
El 2 de febrero, la corte concedió al equipo del presidente Trump 40 minutos, a los demandados que representan a los seis votantes de Colorado que demandaron 30 minutos, y a la Secretaria de estado de Colorado Jena Griswold 10 minutos.
Griswold fue la demandada original de la petición en Colorado, y no había tomado una posición oficial sobre la elegibilidad del presidente Trump, pero ha declarado públicamente que estaba de acuerdo con la decisión del estado de descalificarlo como candidato.
Colorado fue el primer estado en emitir tal fallo, y el secretario del estado de Maine le siguió poco después, pero otras jurisdicciones, incluida una corte de Maine, han optado por esperar a que se pronuncie la Corte Suprema.
Esta novedosa teoría jurídica se basa en la premisa de que el 6 de enero de 2021 constituyó una «insurrección», tal y como se describe en la Sección 3 de la 14ª Enmienda, que prohíbe a quienes hayan jurado un cargo y posteriormente hayan participado en una insurrección o rebelión, o hayan ayudado o prestado consuelo a enemigos, tomar posesión de su cargo sin el voto de dos tercios del Congreso. El estatuto posterior a la Guerra Civil pretendía impedir que los oficiales que abandonaron su cargo para unirse a la Confederación regresaran sin una amplia aprobación de los estados.
Las cuestiones jurídicas derivadas de la oleada de impugnaciones de elegibilidad no han hecho más que multiplicarse. Los demandantes argumentan que se trata de una simple cuestión de ordenar a los funcionarios electorales estatales que eliminen a los candidatos inelegibles según las leyes estatales, pero los jueces, los abogados del expresidente Trump y los expertos de terceros han señalado una miríada de cuestiones estatutarias, constitucionales y de jurisdicción, al tiempo que se preguntan si, en virtud de la doctrina de la cuestión política, esta cuestión no puede ser tratada por las cortes.
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