Unos 5000 texanos que utilizaron un apartado postal como dirección al registrarse como votantes probablemente podrán emitir su voto en las elecciones de medio mandato del estado después de que un juez federal bloqueara una ley electoral estatal de 2021.
El proyecto de ley 1111 del Senado intentó hacer más estrictas las directrices de residencia para los votantes de Texas, pero fue anulado este mes por el juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., Lee Yeakel, designado por el expresidente George W. Bush.
Yeakel, quien preside la División de Austin del Distrito Oeste de Texas, determinó en un juicio sumario que el estado utilizó un lenguaje vago en la ley electoral y que algunas partes de la misma no superaron el escrutinio constitucional.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, apeló la decisión la semana pasada ante la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, según el senador estatal Paul Bettencourt (R-Houston), autor de la ley electoral.
«No hay nadie que pueda vivir dentro de un apartado postal», señaló Bettencourt en una declaración a principios de este mes.
Bettencourt dijo a The Epoch Times que estaba decepcionado por la decisión en contra de un «proyecto de ley de integridad del votante de sentido común».
El proyecto de ley exige que las personas que se registran para votar con un apartado postal muestren una comprobante de su domicilio, como un permiso de conducir o una factura de servicios públicos.
En 2020 unas 5000 personas se registraron para votar en el condado de Harris solo utilizando un apartado postal, dijo Bettencourt.
A partir de este mes, el número es de alrededor de 4800 porque algunos de los registros fueron procesados antes de que la ley fuera bloqueada.
El número actual de quienes utilizan las casillas postales como registro en todo el estado haría que el total fuera mayor, agregó Bettencourt, indicando que sin la ley se espera que el número podría aumentar antes de que el registro de los votantes termine en octubre.
La Legislatura de Texas, liderada por los republicanos, aprobó el proyecto de ley junto a otros proyectos en un intento de protegerse contra el fraude electoral después de las elecciones de 2020.
La demanda presentada por el grupo de Texas de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos y Voto Latino (LULAC), una organización sin fines de lucro que busca movilizar a los votantes, calificó esos requisitos del SB 1111 como una carga innecesaria para los votantes.
Los grupos latinos alegaron supresión de votantes contra seis grandes condados controlados por los demócratas: Travis, Bexas, Harris, Hidalgo, Dallas y El Paso.
«Esta medida impone restricciones vagas y onerosas en el proceso de registro de votantes, inhibiendo la participación política y sobrecargando aún más las facultades de los votantes legales para emitir sus votos y hacer que sus voces sean escuchadas», dijo el director estatal de LULAC en Texas, Rodolfo Rosales, en una declaración tras presentar la demanda.
María Teresa Kumar, presidenta y directora general de Voto Latino, celebró la decisión.
«La verdadera intención de esta medida discriminatoria siempre ha sido suprimir la participación de los votantes, especialmente entre los jóvenes, las comunidades de color, los votantes de bajos ingresos y otros grupos históricamente marginados», dijo Kumar en una declaración de agosto.
El Estado de Texas no fue parte en la demanda al principio y tuvo que intervenir para apelar la decisión. De no haber sido así, la apelación habría correspondido a los condados controlados por los demócratas.
Bettencourt dijo que las demandas presentadas contra los gobiernos locales controlados por los demócratas por parte de organizaciones liberales amigas es una nueva táctica para eludir las leyes de integridad de los votantes de Texas, porque la entidad demandada «estará de acuerdo con la demanda».
Hans von Spakousky, un responsable de la reforma de la ley electoral de la Heritage Foundation, dijo que todos los estados tienen requisitos de residencia.
El que un juez falle en contra de una ley estatal que exige la verificación de la residencia podría parecer político, dijo Spakousky.
Los grupos amigos que se demandan mutuamente son una táctica para obtener un resultado favorable, dijo a continuación. «Ellos pretenden un acuerdo de colusión».
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