Un juez boliviano dictó este martes tres meses de detención preventiva contra el líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por la compra de un carro bombero para su región, un caso que se suma a otros tres por los que también debe cumplir reclusión y que incluyen una acusación por la crisis de 2019.
La determinación emanó de un tribunal anticorrupción en La Paz y fue criticada por la defensa del gobernador cruceño que presentó un «recurso de apelación» a la decisión al considerarla «un exceso» del juez, manifestó el abogado defensor del gobernador, Martín Camacho.
La Fiscalía imputó a Camacho por el caso «carro bombero» a principios de abril por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, entre otros, al considerar que la compra del vehículo tuvo irregularidades.
Al respecto, el jurista Camacho aseveró que «no existe un daño económico», ya que se ejecutó la boleta de garantía a la empresa que debía entregar el vehículo, con lo que «no existiría» el requisito para considerar la acusación penal.
«Irracionalmente, el juez señala que no hay el delito de conducta antieconómica por la ejecución de la boleta, pero sí el de incumplimiento (de deberes)», relató el abogado.
«No ha habido ningún desplazamiento patrimonial que haya afectado a la gobernación o al Estado», insistió el abogado.
La defensa del gobernador consideró que la Fiscalía «no avisó al juez que ya se ejecutó la boleta de garantía» y que eso muestra que existe una intención de «persecución política» en contra de su patrocinado.
El gobernador cruceño cumple detención preventiva desde fines del año pasado acusado por supuesto terrorismo y otros delitos en el llamado caso «golpe de Estado I», relacionado a la crisis política de 2019.
Por este proceso, la Justicia boliviana ordenó cuatro meses de detención preventiva contra Camacho en el penal de Chonchocoro, en el occidente del país, mismos que se cumplieron en abril pasado, y que luego se ampliaron a otros cuatro.
El Gobierno sostiene que las protestas tras los frustrados comicios de 2019 fueron un «golpe de Estado» contra el entonces presidente Evo Morales, mientras que la oposición consideró que se debieron a la reacción ciudadana tras un fraude electoral.
Además, a fines de abril, un tribunal ordenó otros seis meses de prisión contra Camacho por su participación el año pasado en la huelga de 36 días en el departamento oriental de Santa Cruz que exigió la realización pronta del censo de población y vivienda.
En ese caso, la Fiscalía lo acusó por los delitos de terrorismo, resoluciones contra la Constitución, racismo y discriminación.
Mientras que a principios de mayo sumó otra resolución de detención preventiva por dos meses a raíz de una denuncia que observa un decreto que firmó Camacho para la designación de un gobernador interino.
En este caso se acusa a la máxima autoridad cruceña por resoluciones contra la Constitución, nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes.
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