La juez de la Corte de Equidad de Tennessee, I’Ashea L. Myles, dictaminó el 4 de julio que no puede divulgarse ninguno de los escritos dejados por la asesina de la escuela de Nashville, Audrey Hale, citando reclamaciones de derechos de autor de las familias de las víctimas.
La juez Myles declaró en su sentencia que «los materiales creados por Hale están exentos de divulgación en virtud de la Ley federal de Derechos de Autor». La sentencia se produjo después de que varias partes, entre ellas la Asociación Nacional de Policía, la Asociación de Armas de Fuego de Tennessee, The Tennessean y The Tennessee Star, demandaran a la ciudad de Nashville el año pasado para tener acceso a los escritos. Un grupo de padres de The Covenant School, donde se produjo el tiroteo, se movilizó para bloquear la publicación, alegando un derecho de autor cedido por los padres de la asesina.
En el tiroteo del 27 de marzo de 2023, la Sra. Hale, una mujer que se identificó como hombre, mató a tres niños de 9 años y a tres adultos en la Covenant School de Nashville. Los oficiales dispararon y mataron a la Sra. Hale, antigua alumna de la escuela, minutos después de que los oficiales de Covenant llamaran al 911.
En un registro del vehículo y el domicilio de la Sra. Hale, el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville (MNPD) afirma haber descubierto voluminosos escritos, incluidos diarios y dibujos. En un comunicado, el MNPD dijo que la Sra. Hale «documentó, en diarios, su planificación durante un período de meses para cometer un asesinato en masa en The Covenant School».
El juez Myles escribió que «basándose en la Cláusula de Supremacía y la prelación en materia de conflictos, la Ley federal de Derechos de Autor sirve como exención válida a la Ley de Registros Públicos de Tennessee y, por tanto, se opone a la divulgación de cualquier obra original de autoría en cualquier forma creada por la asaltante Hale que haya sido recopilada por la Metro demandada».
La corte también dictaminó que no era necesario presentar ningún documento mientras la policía afirma que la investigación sigue su curso, según los documentos judiciales.
«La divulgación de los documentos restantes que no sean originales, derivados o compilaciones de obras creadas por el agresor está limitada además por las excepciones a la divulgación establecidas por la Asamblea General… Durante el transcurso de esta investigación y de cualquier procedimiento judicial posterior, los archivos de investigación de la policía y los materiales que contienen no están disponibles».
El juez escribió que las fuerzas del orden «no necesitan revelar ningún material que se encuentre en su archivo de investigación abierto y que sea relevante para cualquier acción penal pendiente o contemplada hasta que dicha investigación y cualquier procedimiento penal colateral hayan finalizado».
Deborah Fisher, directora ejecutiva de la Coalición de Tennessee por un Gobierno Abierto, declaró el 5 de julio a The Epoch Times que la sentencia del juez parece violar las protecciones constitucionales, además de desafiar cualquier precedente judicial conocido.
«La sentencia es asombrosa. Es un día triste para nuestro sistema judicial. No conozco ningún precedente de esto, pero es claramente problemático», dijo la Sra. Fisher. «Permitiría a un delincuente mantener confidenciales escritos, textos, vídeos creados por la persona, pruebas clave de un delito que saldrían a la luz en un juicio público.
«Ahora, en Tennessee, los malos, o los familiares de los malos, pueden decir que lo mantengamos confidencial porque está cubierto por las leyes de derechos de autor. Puede haber ocasiones en que la policía o los que están en el poder no quieran que algo salga a la luz porque podría hacerles quedar mal».
La Sra. Hale había inferido en un mensaje de Instagram a un amigo justo antes del tiroteo que había dejado el material intencionadamente para revelar su motivo en los asesinatos, escribiendo: «Algún día esto tendrá más sentido. He dejado pruebas más que suficientes».
La policía incautó el material, que incluía siete diarios encontrados bajo su cama, 11 vídeos caseros descubiertos bajo las escaleras del sótano de la familia, junto con dos diarios más y una nota de suicidio dejada en su escritorio, según una orden de registro hecha pública por la MNPD.
La MNPD se abstuvo de anunciar un posible motivo para el ataque, lo que provocó meses de especulaciones.
En anteriores tiroteos masivos que acabaron con la muerte o la captura del tirador, el gobierno normalmente hizo públicos los escritos y las pruebas relacionadas en los dos o tres días siguientes al incidente. Sin embargo, el contenido de los escritos del tirador incautado en Nashville no se ha hecho público, ni siquiera en forma redactada.
La Ley de Registros Públicos de Tennessee, aprobada en 1957, pretendía ser una garantía de que el pueblo tuviera acceso a los registros públicos de los organismos gubernamentales de todos los niveles en Tennessee «en el momento oportuno», según el Instituto de Servicios de Asesoramiento Técnico Municipal para el Servicio Público.
En las semanas posteriores a la tragedia, las autoridades aseguraron a los medios de comunicación que se entregarían los escritos, y la policía pareció reconocer la obligación de entregar las pruebas relacionadas con el caso. En agosto de 2023, el MNPD dijo a The Epoch Times que estaban «en proceso de revisar los escritos» y «que pueden y serán entregados públicamente».
La falta de transparencia plantea cuestiones éticas no sólo sobre la conducta de las autoridades, sino sobre los derechos del público, según la Sra. Fisher.
«La gente tiene derecho a saber lo que hace el gobierno, también en el ámbito de la justicia penal», afirmó. «Esta sentencia impide que el público pueda exigir responsabilidades a sus instituciones gubernamentales».
Se espera que la decisión del 4 de julio sea apelada ante la Corte.
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