Un juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos ha prohibido permanentemente al estado de Illinois aplicar su «Ley de Protección de las Comunidades de Illinois» (PICA, por sus siglas en inglés), que prohíbe determinados tipos de rifles semiautomáticos y los llamados cargadores de «alta capacidad».
En una sentencia de 168 páginas , el juez Stephen McGlynn, de la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Illinois, escribió que la PICA era «inconstitucional en virtud de la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, tal como se aplica a los estados por la Decimocuarta Enmienda». La orden se suspende durante 30 días.
La oficina del Fiscal General de Illinois, Kwame Raoul, dijo que planea apelar el fallo.
«Aunque esta decisión es decepcionante, la Ley de Protección de las Comunidades de Illinois sigue en vigor durante los próximos 30 días. La ley es una parte importante de los esfuerzos integrales del estado para hacer que las comunidades estén a salvo de la violencia armada», escribió la portavoz de Raoul, Annie Thompson, en un correo electrónico a The Epoch Times.
«Seguiremos defendiendo la constitucionalidad de la ley, como hemos hecho en los tribunales de todo Illinois, y planeamos apelar la decisión de la corte».
Los defensores de los derechos de las armas saludaron el fallo como una victoria en su lucha por preservar la Segunda Enmienda.
«Estamos satisfechos de que la corte haya encontrado adecuadamente que estas prohibiciones violan los derechos constitucionalmente protegidos de los residentes y visitantes de Illinois», escribió Brandon Combs, presidente de la Coalición de Política de Armas de Fuego, en un posteo en X. «Como demostramos claramente en el juicio, la PICA falla incluso bajo la prueba equivocada del Séptimo Circuito que entra en conflicto con el precedente vinculante de la Corte Suprema».
La sentencia se emitió para cuatro demandas que se habían combinado porque cubrían los mismos temas. Gun Owners of America (GOA) y la Gun Owners Foundation, y demandantes en una de las demandas, emitieron declaraciones celebrando la orden judicial como un paso adelante.
«Estamos encantados con la victoria y por los ciudadanos de Illinois. Nosotros, el Pueblo, merecemos el derecho a decidir la mejor manera de protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos», dijo Erich Pratt, vicepresidente senior de GOA, en un comunicado en el sitio web del grupo.
El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, promulgó la ley PICA en enero de 2023. Prohibía los rifles de tipo AK-47 y AR-15, así como los cargadores para rifles con más de 10 cartuchos y los cargadores para pistolas con más de 15 cartuchos.
Las únicas excepciones a la prohibición eran los «profesionales capacitados», como los agentes del orden, y las personas que poseyeran esas armas antes de enero de 2024. La ley también ampliaba la normativa sobre licencias y permisos.
McGlynn dictaminó que la ley de Illinois no cumplía la norma establecida en la sentencia de la Corte Supremade EE.UU. de 2022 en el caso New York State Rifle and Pistol Association contra Bruen. En ese caso, el alto tribunal dictaminó que las leyes de armas deben estar de acuerdo con el texto llano de la Constitución y ser comparables a la ley vigente en el momento en que se ratificó la Segunda Enmienda.
Aunque el Estado se refirió a las normas sobre armas de fuego del derecho consuetudinario inglés en su argumentación, McGlynn dijo que no cumplía la norma Bruen.
«Lamentablemente, hay quienes pretenden instaurar una especie de era postconstitucional en la que los derechos individuales de los ciudadanos solo son tan importantes como convengan a una clase dirigente», afirma la decisión de McGlynn.
«Buscar leyes antiguas que puedan asociarse bien con una infracción actual de un derecho proclamado en la Declaración de Derechos sin leerla en conjunción con la historia mencionada es un sinsentido».
Los demandantes esperan que la Corte Suprema de EE. UU. acepte conocer un caso similar de Maryland y resuelva la cuestión de las llamadas «armas de asalto».
Los demandantes en ese caso, Snope contra Brown, presentaron una petición de certiorari —una solicitud para ser oídos— ante el alto tribunal el 21 de agosto. Los demandantes alegan que, al igual que la PICA, la ley de Maryland prohíbe inconstitucionalmente las armas de fuego que son «de uso común para fines lícitos».
En 2013, Maryland aprobó la Ley de Seguridad de Armas de Fuego, que prohíbe 45 tipos de armas, incluidos los rifles AR15 y AK47 y varias escopetas «o sus copias, independientemente de la empresa que haya producido y fabricado esa arma de asalto».
Los demandantes interpusieron la demanda original ante la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Maryland el 1 de diciembre de 2020.
Snope contra Brown es la tercera iteración de la demanda de 2020. Se conoce comúnmente por su título más reciente, Bianchi vs Brown.
«El certiorari es necesario en este caso», dijo Adam Kraut, director ejecutivo de la Fundación de la Segunda Enmienda en el momento en que se presentó la petición a la Corte Suprema, «para corregir un malentendido cada vez más extendido del precedente de la Corte Suprema, y de la propia Segunda Enmienda. El tipo específico de arma de fuego en cuestión es de propiedad común en todo el país, lo que la sitúa dentro del ámbito de aplicación de la Segunda Enmienda».
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