El juez que preside el intento de la administración Trump por retrasar la publicación de un libro del exasesor de seguridad nacional John Bolton, emitirá un fallo luego de una revisión en persona de la evidencia clasificada presentada por el gobierno.
El juez de la corte federal de distrito, Royce Lamberth, interrogó a los abogados de ambos lados de la disputa durante casi dos horas el 19 de junio antes de señalar que su decisión se basará en una revisión de la información clasificada presentada por el gobierno. Lamberth señaló que las fechas en que se clasificó la información pueden desempeñar un papel en su decisión.
La administración Trump demandó a Bolton el 16 de junio, argumentando que el exasesor de seguridad nacional desistió a un proceso de revisión de clasificación para su libro, que, según el gobierno, todavía contiene información clasificada. El 17 de junio, el gobierno presentó una moción de emergencia solicitando a la corte que ordene a Bolton que retrase la publicación del libro y que tome todas las medidas necesarias para recuperar las copias que ya se han difundido.
Luego de varios minutos de dificultades técnicas relacionadas con llevar a cabo una audiencia remota, Lamberth abrió la sesión preguntando al abogado del gobierno sobre qué se puede hacer con las 200,000 copias del libro que ya se han enviado a las tiendas y almacenes en todo el país y el mundo.
El abogado del gobierno, David Morrell, argumentó que era responsabilidad de Bolton resolver cómo retirar el libro, ya que Bolton creó el problema al desistir la revisión previa a la publicación y no dar detalles al gobierno sobre la fecha de publicación.
El abogado de Bolton, Charles Cooper, argumentó que la corte no podía ordenarle a Bolton que hiciera lo imposible, ya que el libro ya fue enviado y distribuido a los medios. Cooper mencionó un video de un reportero de la CBS en donde leía el libro de Bolton, titulado «The Room Where It Happened» («La habitación Donde Sucedió»), mientras le hacía una pregunta a la secretaria de prensa de la Casa Blanca.
El gobierno argumentó que Bolton violó los términos de su contrato de información clasificada al proceder con el lanzamiento del libro. Cooper señaló una parte de uno de los contratos para argumentar que Bolton no debía tener un permiso por escrito para proceder con el libro.
Luego del proceso de revisión de un mes, el cual comenzó a fines de diciembre del año pasado, Ellen Knight, la directora principal encargada de realizar revisiones previas a la publicación en el Consejo de Seguridad Nacional, informó al abogado de Bolton que el libro, en su opinión, no contenía información clasificada. Knight señaló que la revisión aún está en curso. El abogado de Bolton trató de obtener un comunicado por escrito, pero le dijeron que esperara a que concluyera la revisión.
Las dos partes dejaron de comunicarse el 7 de mayo. Un mes después, la Casa Blanca se enteró por los informes de los medios de comunicación que Bolton planeaba publicar el libro el 23 de junio, independientemente del resultado de la revisión de clasificación. La Casa Blanca intentó retrasar el lanzamiento, diciéndole al equipo de Bolton que una revisión secundaria había descubierto más información clasificada.
Las preguntas del juez el 19 de junio no indicaron de qué lado iba a tomar parte. La información clasificada que el juez revisará incluye al menos tres ejemplos de registros clasificados en el nivel de información de alto secreto/sensible compartimentada (TS/SCI), uno de los grados más altos de confidencialidad asignado a documentos gubernamentales. Según Morrell, las clasificaciones TS/SCI se hicieron antes de que Bolton desistiera el proceso de revisión.
Varios funcionarios gubernamentales de alto nivel presentaron declaraciones juradas prometiendo que parte de la información en el libro de Bolton, si se divulga al público, causaría graves daños a la seguridad nacional de Estados Unidos. El abogado de Bolton sugirió que algunos de los funcionarios son políticos designados por la administración. Lamberth señaló que William Evanina, director del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad, ha trabajado bajo la administración de Obama. Evanina le dijo a la corte (pdf) que la información en el libro de Bolton «es precisamente lo que los servicios de inteligencia de adversarios extranjeros buscan como objetivo y recolectar».
«Se podría esperar razonablemente que la divulgación no autorizada de esta información permita a los actores de amenazas extranjeras causar serios, y en ocasiones, graves daños a la seguridad nacional y económica», escribió Evanina.
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