El juez español que investiga las supuestas conexiones del independentismo catalán con Rusia implica ahora al expresidente catalán Carles Puigdemont por los delitos de alta traición y malversación, con la ley de amnistía para los implicados en el proceso secesionista catalán ya en vigor.
La nueva pieza abierta por el juez Joaquín Aguirre también implica al antecesor de Puigdemont en el cargo, el también independentista Artur Mas, por los mismos delitos.
Pocos días antes de la entrada en vigor de la ley de amnistía, este mismo mes, la Audiencia de Barcelona, en una resolución del pasado 4 de junio, impidió al juez Aguirre seguir investigando las supuestas conexiones del independentismo catalán en Rusia en busca de apoyos, en una causa que apuntaba al expresidente catalán Carles Puigdemont por un delito de alta traición.
La Audiencia de Barcelona anulaba la prórroga de la investigación que el juez Joaquín Aguirre acordó en agosto de 2023, por un plazo de seis meses, y le ordenaba que enviara el caso a juicio con los indicios recabados hasta esa fecha, o bien que lo archivara.
Semanas después, y con la amnistía ya en vigor, el magistrado ha optado por abrir una nueva pieza separada, también relativa a las conexiones del independentismo con Rusia en apoyo del proceso secesionista, en un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que implica, además de a Puigdemont y Mas, a otras personas.
Y lo hace a partir de la única pieza que le queda abierta de la macroinvestigación sobre la posible implicación rusa, la que trata del supuesto desvío de fondos a entidades afines de la antigua Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), que luego derivó en Junts, el partido de Puigdemont.
El expresidente catalán es diputado regional, igual que otra persona también implicada en esta nueva pieza, y por tanto aforados, por lo que el juez no les puede imputar, así que Aguirre anuncia que cuando finalice la «parte esencial» de la instrucción de esta pieza separada elevará una exposición razonada para que sea el «órgano superior competente» quien les investigue.
En España los considerados aforados no son juzgados por los tribunales ordinarios, sino por el Tribunal Supremo.
En enero pasado, en plenas negociaciones para la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso, el juez Aguirre reactivó la investigación sobre las supuestas conexiones con el Kremlin, una causa que se abrió hace cuatro años a raíz de una conversación intervenida en el teléfono de un excargo de CDC, en el que aludía a un supuesto apoyo de Rusia al proceso independentista, mediante criptomonedas y “10,000 soldados”.
Según el juez, los «hallazgos» obtenidos durante la investigación de las actividades de ese excargo político han alcanzado un «gran volumen» que ha permitido constatar la participación de otras personas en una trama para obtener «ayuda financiera de China» y en la colaboración de ciudadanos rusos «cercanos al Gobierno».
El juez fue recusado por la defensa de uno de los implicados en la causa inicial y una vez que la Audiencia de Barcelona rechazó esa recusación, interpreta Aguirre que «no hay inconveniente procesal» en seguir la instrucción de la cuestión rusa en otra pieza separada siempre que esta última «tenga ligazón suficiente para desgajar de ella la injerencia rusa». «Y esta ligazón existe», apunta, en relación al contenido hallado en el teléfono del exdirigente de CDC.
Tanto Mas como Puigdemont, indica Aguirre, «tenían el liderazgo y el control de las acciones que tomaban sus cuadros directivos (de su partido, CDC), disponían de la capacidad de suspender, interrumpir o modificar las actividades dirigidas a contactar con actores de influencia rusos, cuyos intereses eran contrarios al estado español al que representaban».
Tras esta nueva investigación abierta, el secretario general de Junts, Jordi Turull, denunció la «fantasía inventada» que ha llevado al juez a abrir esta nueva pieza.
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