En un cambio de última hora antes de que los estadounidenses acudan a las urnas en noviembre, un juez federal tachó de inconstitucional una parte clave de la amplia ley de reforma electoral de Texas.
Sus partidarios afirman que la disposición refuerza la integridad electoral, mientras que sus detractores afirman que equivale a una «supresión de votantes».
En un fallo del 28 de septiembre, el juez de distrito, Xavier Rodriquez, declaró que la Sección 7.04 de la Ley del Senado 1 (S.B. 1), que tipifica como delito grave de tercer grado ciertos tipos de recolección de papeletas, viola la Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Conocida como la Restricción de Campaña en Terreno, la disposición convertía en delito grave de tercer grado una obtención de «compensación u otro beneficio» por parte de personas que interactuaran en persona para ayudar a los votantes a rellenar o enviar las papeletas de voto por correo.
Esta restricción se aplica específicamente a la asistencia prestada con la intención de entregar votos a favor de un candidato o una medida en particular, penalizando de hecho actividades como la campaña en terreno puerta a puerta o la prestación de asistencia electoral en actos públicos en los que hubiera papeletas de voto por correo presentes, si se involucra cualquier forma de compensación, como tarjetas de gasolina, comidas o estipendios.
«La restricción de la campaña puerta a puerta es inconstitucional precisamente porque, por su texto llano, va más allá de esa estrecha situación para proteger el discurso en un número sustancial de sus aplicaciones», escribió el juez Rodríguez en su decisión.
«Es inconstitucionalmente vaga en violación de la cláusula del debido proceso de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos», añadió a continuación.
Además, el juez prohibió permanentemente al fiscal general de Texas iniciar o proseguir investigaciones relacionadas con posibles violaciones de la restricción de la campaña en terreno, codificada en la Sección 276.015 del Código Electoral de Texas. La sentencia impide a la fiscalía investigar las denuncias de recogida de papeletas.
El fallo, que solo anula la disposición de restricción de la campaña en terreno de la SB 1 y deja intactas otras partes de la ley, suscitó duras críticas del fiscal general de Texas, Ken Paxton, pero fue elogiado por uno de los demandantes en el caso, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos.
La oficina de Paxton prometió apelar el fallo de Rodríguez, a la vez que elogió la S.B. 1 por reforzar las salvaguardias para evitar la recolección de papeletas e instituir otras protecciones «que garantizan unas elecciones libres y justas».
«Me movilizaré de inmediato para bloquear este fallo inaceptable para que Texas pueda seguir defendiendo sus elecciones de los malos actores que buscan socavar las urnas», dijo Paxton en una declaración emitida el 30 de septiembre.
«Un fallo —semanas antes de una elección— que impide a mi oficina investigar posibles violaciones electorales es profundamente preocupante y corre el riesgo de socavar la confianza pública en nuestro proceso político».
Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) celebró el fallo como una victoria para los derechos de los votantes en Texas, en particular para las comunidades minoritarias que, según el grupo, fueron atacadas de manera desproporcionada.
«La decisión derriba como inconstitucional un estatuto principal de TX que se utilizó para tratar de intimidar a los organizadores y a los votantes hispanos», escribió LULAC en una serie de posteos en X. «Durante demasiado tiempo, ciertos políticos han utilizado afirmaciones falsas para impulsar leyes abusivas como esta en campañas de intimidación, y la decisión de hoy hace un vacío en esas campañas».
La SB 1, que el gobernador de Texas Greg Abbott promulgó en 2021, introdujo cambios significativos en las leyes electorales del estado. Además de la Restricción de la campaña en terreno o puerta a puerta, la ley introdujo nuevos requisitos de identificación para la votación por correo, limitó las horas de votación anticipada y agregó restricciones a la votación desde el automóvil.
Los partidarios de la ley, incluido el Sr. Abbott, dijeron que estaba diseñada para evitar el fraude electoral. El autor del proyecto, el senador estatal republicano Bryan Hughes, afirmó que la ley hacía «fácil votar y difícil hacer trampas».
Sin embargo, la ley se encontró con una fuerte oposición de demócratas y organizaciones de derechos civiles, que argumentaron que perjudicaba desproporcionadamente a los votantes de minorías, discapacitados y ancianos. Ellos interpusieron recursos judiciales, con demandas que argumentan que las restricciones de la ley violan la legislación federal.
A pesar de la última sentencia, otras disposiciones de la S.B. 1 siguen en vigor mientras Texas y otros estados se preparan para las próximas elecciones nacionales.
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