El 1 de octubre entró en vigor una nueva ley del Estado de Florida que prohíbe las llamadas ciudades santuario y exige que las autoridades de aplicación de la ley de Florida cooperen con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, después de que un juez federal confirmara su constitucionalidad.
Parece probable que las partes perdedoras, incluyendo la ciudad de South Miami y varios grupos de defensa de los inmigrantes, apelarán el fallo ante un tribunal superior, pero al momento de la publicación de este informe, no estaba claro si ya lo habían hecho.
La ley, que impide que los gobiernos locales promulguen políticas que prohíban o impidan que las fuerzas del orden cooperen con las autoridades federales de inmigración, permite que los funcionarios electos sean destituidos de sus cargos si violan la ley.
Como resultado, los agentes del orden público de los 67 condados de Florida tendrán que firmar acuerdos formales de aplicación de la ley con el ICE en los que la agencia federal pagará a los gobiernos locales 50 dólares por la extensión de la detención de un extranjero ilegal.
La nueva ley va en contra de una tendencia nacional en la cual los gobiernos estatales y locales de tendencia izquierdista en las llamadas jurisdicciones santuario han promulgado políticas que requieren que la policía no coopere con el ICE. La ley de California incluso prescribe castigos en algunos casos para aquellos que cooperan con el ICE. Los carceleros en algunas jurisdicciones han estado liberando a inmigrantes ilegales a pesar de haber recibido solicitudes de detención del ICE que piden que el individuo sea retenido por más tiempo para facilitar los procedimientos de deportación.
El presidente Donald Trump, cuyo tema principal en la campaña electoral de 2016 fue la inmigración, ha instado a que se corten los fondos federales para las jurisdicciones santuario, pero el Congreso no se ha adherido a esto.
En 2016, Florida albergaba a 775.000 extranjeros ilegales, según el Pew Research Center.
El Estado también es el hogar de 15 municipios que son ciudades santuario, de acuerdo con Floridians for Immigration Enforcement, que prefiere etiquetar a esas jurisdicciones como «ciudades anárquicas».
Antes de que la ley fuera aprobada por los legisladores estatales, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) comenzó a advertir a los «inmigrantes» en general contra la visita a Florida, aunque los inmigrantes legales no se verían afectados por la ley.
Se emitió una «alerta para advertir tanto a los viajeros como a los residentes de Florida, especialmente a las comunidades negra, marrón y latina, de la creciente probabilidad de perfiles raciales y étnicos, de detenciones injustas y de una posible deportación si se aprueban estos proyectos de ley anti-inmigrantes», declaró la ACLU.
La ley, firmada en junio por el gobernador de Florida Ron DeSantis, republicano, ordena que la policía mantenga detenidos a los extranjeros ilegales ya detenidos durante 48 horas más hasta que el ICE pueda transportarlos a un centro federal de detención de inmigrantes.
DeSantis abogó por el proyecto de ley, conocido como SB 168. En abril, fue aprobado por la Cámara 69-47 y el Senado 22-18. Cuando lo convirtió en ley a principios de este año, el gobernador dijo: «Se trata de seguridad pública, no de política. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, y usar todas las herramientas a nuestro alcance, para asegurarnos de que nuestras comunidades estén seguras».
El 30 de septiembre, la jueza de distrito Beth Bloom, con sede en Miami, confirmó la ley después de que las disposiciones de detención del ICE fueron impugnadas.
La ley «deja numerosas avenidas cooperativas abiertas para que los agentes del orden público participen en los esfuerzos migratorios de los agentes federales», escribió Bloom.
«El Congreso dio una clara indicación de que buscaba facilitar, no adelantarse, al tipo de cooperación que el proyecto de ley SB 168 ordena».
Bloom derribó parte de la ley. El juez invalidó una disposición que requiere que los oficiales de la ley de Florida transporten a los extranjeros ilegales a través de las fronteras estatales si así lo solicita el ICE.
La firma de abogados de interés público de extrema izquierda, Southern Poverty Law Center, junto con el Proyecto de Justicia Comunitaria, y la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, representaron a varios grupos de defensa que desafiaron la legislación, incluyendo a Florida Immigrant Coalition, Farmworker Association of Florida, WeCount, Americans for Immigrant Justice, Hope Community Center y QLatinx.
«Enredar al ICE y a la policía local conduce a la elaboración de perfiles raciales, violaciones a los derechos civiles, aislamiento de las comunidades inmigrantes y deportaciones injustas», dijo Paul Chávez, un abogado del SPLC, cuando se presentó la demanda.
Hacer que la policía local funcione como agentes federales de inmigración socava la confianza que la policía ha establecido dentro de la comunidad inmigrante, declaró la demanda.
«Las minorías raciales y de origen nacional que son víctimas de la violencia doméstica, la agresión sexual y la trata de personas se verán disuadidas de acceder a los servicios para delinquir, lo que las pondrá en mayor riesgo y socavará la seguridad pública».
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