Un juez federal ha bloqueado una nueva ley en Arizona que restringe la grabación a agentes de policía, poniéndose del lado de la Asociación de Radiodifusores de Arizona, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y muchas organizaciones de medios que demandaron y argumentaron que la ley violaba la Primera Enmienda.
El juez federal de distrito John J. Tuchi otorgó a los demandantes una orden judicial preliminar para impedir la entrada en vigor de la ley (pdf).
Tuchi le dio una semana a la Legislatura para decidir si quiere defender la ley. La ACLU y los grupos de medios de comunicación están buscando una orden judicial permanente.
No defenderán la ley
La ley, HB 2319 (pdf), debía entrar en vigor el 24 de septiembre. Y fue aprobada por la legislatura estatal, controlada por los republicanos, en junio y promulgada por el gobernador Doug Ducey el 6 de julio.
El texto de la legislación dice que es ilegal que una persona “grabe a sabiendas una actividad de las fuerzas del orden» si se encuentra a menos de 8 pies (2.5 metros) y ha sido advertida por un agente de policía de que no puede grabar. En una zona privada, una persona autorizada a estar allí puede realizar grabaciones a menos de 8 pies (2.5 metros), pero debe dejar de hacerlo si un agente de policía «determina que la persona está interfiriendo en la actividad de las fuerzas del orden o que no es seguro estar en la zona y le ordena que la abandone».
Violar la ley equivaldría a un delito menor de clase 3 que se castigaría con hasta 30 días de cárcel, 500 de dólares en multas y hasta un año de libertad condicional.
La legislación también dice: “Una persona que es objeto de un contacto policial puede grabar el encuentro si la persona no interfiere con las acciones policiales legales, incluido el registro, las esposas o la administración de una prueba de sobriedad de campo. Los ocupantes de un vehículo que es objeto de una detención policial pueden grabar el incidente si los ocupantes no interfieren con las acciones policiales legales”.
La decisión del juez ocurrió luego de que el fiscal general republicano Mark Brnovich y la oficina del fiscal y del sheriff en el condado de Maricopa dijeran al juez que no pensaban defender la ley. Fueron nombrados como demandados en la demanda (pdf), que se presentó el 23 de agosto.
La oficina de Brnovich se encarga de defender las leyes estatales. Pero en este caso, su portavoz, Katie Conner, dijo que debido a que el fiscal general no tiene autoridad para hacer cumplir la ley en este tipo de casos, era la parte equivocada para demandar. Pero Matt Kelley, un abogado que representó a las organizaciones de noticias que demandaron, argumentó en sus documentos judiciales que Brnovich no está en lo correcto. Señaló que, por ley, el fiscal general puede intervenir y hacer cumplir las leyes que los fiscales del condado normalmente harían.
«Una gran victoria»
La ACLU, que había calificado la ley como un “intento descarado de desmantelar las protecciones de la Primera Enmienda para grabar a la policía”, celebró la decisión de Tuchi. La ACLU de Arizona dijo el 9 de septiembre en Twitter que la decisión de la corte es “una gran victoria” para los derechos de la Primera Enmienda de los estadounidenses y “permitirá que los arizonianos continúen exigiendo responsabilidades a la policía».
El representante estatal John Kavanagh (R-Distrito 23), un oficial de policía retirado que patrocinó la ley, había argumentado que permitir que la gente grabe a la policía de cerca mientras están realizando tareas de aplicación de la ley, como hacer detenciones o tratar con una persona perturbada, podría poner a los oficiales en peligro, y señaló que hizo varios cambios para abordar las preocupaciones de la ACLU. Entre ellos, el cambio de la restricción de 16 pies (4.8 metros) a 8 pies.
Con información de The Associated Press.
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