Un juez federal de Oregon bloqueó la orden del gobierno de Trump según la cual nuevos inmigrantes deben probar que tendrán un seguro médico o que pueden pagarlo a fin de obtener su visa.
El Juez de Distrito de EE. UU. Michael Simon expidió un requerimiento judicial preliminar a nivel nacional que impediría al Departamento de Estado aplicar la orden. Dicha orden, promulgada en octubre, exigiría a los ciudadanos extranjeros demostrar que “estarán cubiertos por un seguro médico dentro de los 30 días luego de ingresar al país o que poseen los recursos financieros para pagar costos médicos”, antes de calificar para una visa de inmigrantes.
Esta regla, que no afecta a refugiados, solicitantes de asilo o aquéllos que no tienen visas de inmigración, fue creada para “proteger la disponibilidad de asistencia sanitaria para los ciudadanos estadounidenses”, sostuvo la Casa Blanca. El gobierno señaló que “admitir un gran número de inmigrantes que no pueden pagar por su asistencia médica coloca una carga sobre nuestros contribuyentes y nuestro sistema de salud”.
Simon, que fue designado por el expresidente Barack Obama, expresó preocupación de que la orden bloquearía el ingreso de una clase entera de inmigrantes que no pueden pagar seguro médico o costos médicos razonablemente necesarios.
Dijo que la orden impediría a estos inmigrantes entrar a Estados Unidos indefinidamente, lo que contraviene una medida dictada por el Congreso en 1990 para quitar “indigencia” de la sección 1182 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
“Se anticipa que la proclamación [orden] afecte aproximadamente a un 60 por ciento de todos los solicitantes de visa de inmigración”, escribió Simon en su opinión (pdf). “El presidente no ofrece justificaciones de seguridad nacional o relaciones exteriores para este cambio radical a la ley de inmigración”.
Simon también rechazó el argumento del gobierno según el cual los inmigrantes no sufrirían daños irreparables porque las visas de sus familiares solo serían “demoradas”. Citó ejemplos de peticionarios que no pueden pagar seguro médico y pasarían por “extremas dificultades” debido a la orden.
Esther Sung, abogada en el Centro de Acción por la Justicia y litigante en el caso, aplaudió la decisión. Significa un “importante freno a los esfuerzos del gobierno de Trump de reescribir nuestras leyes nacionales de inmigración y asistencia sanitaria, en violación a los límites que establece nuestra Constitución”, dijo en una declaración a la prensa.
Mientras tanto, la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, afirmó en una declaración que la decisión del juzgado de distrito olvida una parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que otorga al Presidente amplia autoridad para imponer restricciones o limitaciones adicionales a la entrada de extranjeros a Estados Unidos.
“La porción relevante de la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece: ‘Cuando el Presidente descubra que el ingreso de extranjeros o de cualquier clase de extranjeros a Estados Unidos sea perjudicial a los intereses del país, puede, por proclamación, y por el tiempo que estime necesario, suspender la entrada de todos los extranjeros o de cualquier clase de extranjeros como inmigrantes o no inmigrantes, o imponer a la entrada de extranjeros cualquier restricción que estime apropiada’. Y en una decisión histórica el año pasado, la Corte Suprema reconoció la amplia autoridad del Presidente para imponer tales restricciones”, dijo Grisham.
“Esa amplia autoridad es el fundamento de la proclamación más reciente que fue diseñada para proteger a Estados Unidos de los efectos perjudiciales del [ingreso de] inmigrantes sin seguro [médico]. La decisión del juzgado de distrito que prohíbe [la aplicación] de la proclamación ignora el texto del estatuto, en violación de la decisión de la Corte Suprema”, continuó.
“Estamos ansiosos por defender las medidas legales del Presidente”.
Trump dijo en su proclamación que cuando los hospitales y otros proveedores no sean reembolsados por la asistencia que brinden a aquéllos que no tienen seguro, los costos asociados a esa asistencia serán transferidos a los ciudadanos estadounidenses en la forma de mayores impuestos, primas [de seguro] más altas y tarifas más elevadas por servicios médicos.
“Los datos muestran que es tres veces más probable que los inmigrantes legales carezcan de seguro médico, en relación a los ciudadanos de Estados Unidos”, agregó. “Los inmigrantes que entran a este país no deberían cargar aún más con mayores costos a nuestro sistema de salud y, consecuentemente, a los contribuyentes estadounidenses”.
Luego de la proclamación, siete individuos y una organización sin fines de lucro demandaron al gobierno de Trump para que detenga la aplicación de la orden. A principios de noviembre, Simon bloqueó temporalmente la aplicación de la regla, diciendo que cree que está en contra de la ley.
Este requerimiento judicial preliminar es el último en la disputa entre las ramas ejecutiva y judicial del gobierno. La Casa Blanca acusó a los jueces federales, que no fueron elegidos democráticamente, de expedir requerimientos nacionales que bloquean medidas ejecutivas cruciales, impidiendo su aplicación a lo largo de la nación, mientras los casos prosiguen a través de los tribunales. Esto permitió a los jueces funcionar indirectamente como legisladores.
El ex fiscal general, Jeff Session, juró luchar contra intrusión de la rama judicial, comentando el año pasado que “demasiados jueces creen que es su derecho, su deber, actuar según sus afinidades y preferencias políticas”.
“En efecto, los abogados activistas quieren que los jueces hagan por ellos lo que fueron incapaces de lograr en las elecciones”, dijo. “Es fundamentalmente antidemocrático”.
Varios de estos requerimientos judiciales son perjudiciales para el plan de inmigración de Trump, dado que pusieron en suspenso algunas políticas de inmigración cruciales.
“Probablemente no haya asunto en que estos requerimientos judiciales emitidos por juzgados de distrito hayan sido más impertinentes y dañinos que en el área de inmigración”, dijo Trump este mes. “En caso tras caso, los jueces están prohibiéndonos aplicar la simple letra de la ley”.
Mimi Nguyen-Ly contribuyó a este reportaje.
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