Una ley que permite a las autoridades de Oklahoma ordenar a los inmigrantes ilegales que abandonen el estado fue bloqueada el 28 de junio por un juez federal, al considerar que el estatuto es probablemente inconstitucional.
El proyecto de ley 4156 de la Cámara de Representantes de Oklahoma, promulgado en abril por el gobernador Kevin Stitt, permite presentar cargos estatales contra los inmigrantes ilegales que se encuentren en Oklahoma. También obliga a los condenados a abandonar el estado en un plazo de 72 horas.
Las autoridades estadounidenses demandaron la ley antes de que entrara en vigor el 1 de julio, argumentando que viola la Constitución de Estados Unidos al adoptar un sistema de inmigración basado en el estado, que se contrapone con el sistema federal.
El fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, dijo ante la corte que conceder la petición del gobierno de bloquear el estatuto «convertiría a los estados en vasallos indefensos y pasivos de un gobierno federal que se niega a hacer cumplir sus propias leyes en deferencia expresa y equivocada a los caprichos de gobiernos extranjeros».
En su sentencia del 28 de junio, el juez de distrito Bernard Jones se puso del lado de la administración Biden y dictó una medida cautelar mientras el caso sigue su curso.
«En efecto, la ley H.B. 4156 tipifica como delito una conducta que ya está prohibida por la legislación federal», declaró el juez Jones.
Esto significa que la ley federal prevalece sobre la nueva ley estatal, según el fallo.
Si se permitiera que la ley se mantuviera entonces «cada estado podría darse a sí mismo ‘autoridad independiente’ para lograr su propia política de inmigración, sin duda ‘disminuyendo el control del gobierno federal sobre la aplicación’ y ‘restando valor al esquema integrado de regulación creado por el Congreso'», dijo también el juez, citando la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2012 contra una ley de Arizona que incluía castigos a nivel estatal para los inmigrantes ilegales.
El juez Jones señaló que tanto un juez de distrito como la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. fallaron recientemente contra una ley similar en Texas que permite a las fuerzas del orden estatales detener a inmigrantes ilegales y presentar cargos contra ellos.
La corte de apelaciones, al fallar en contra de esa ley, también apuntó a la sentencia de 2012, diciendo que el razonamiento de entonces —que la Ley Federal de Inmigración y Nacionalidad ya prohibía el comportamiento objeto de la ley de Arizona— también se aplicaba a la ley de Texas.
«Por lo tanto, hay un ‘fuerte apoyo’ para la conclusión de que el Congreso ha legislado tan exhaustivamente en el ámbito de la entrada y reentrada de no ciudadanos que no dejó espacio para la legislación estatal complementaria», dijo el juez Jones.
El Departamento de Justicia no respondió a la solicitud de comentarios.
«Las cortes federales han sido claras en que la HB 4156, al igual que leyes similares en Texas y Iowa, es inconstitucional. Además, perjudicaría a todos los habitantes de Oklahoma. Estamos aliviados con esta decisión de bloquear su aplicación y seguiremos luchando por todas las comunidades de inmigrantes que llaman a Oklahoma su hogar», dijo en una declaración Nicholas Espiritu, subdirector legal del National Immigration Law Center, que presentó una demanda separada contra la ley.
El Sr. Drummond, un republicano, indicó que el fallo fue decepcionante.
«Nosotros tenemos la intención de apelar la decisión de hoy y defender una de las herramientas más poderosas que tenemos para luchar contra la actividad criminal, en gran parte alimentada por los extranjeros ilegales en Oklahoma», dijo Sr. Drummond en una declaración.
«No dejaré de luchar por Oklahoma y por nuestro derecho a proteger nuestras fronteras. El fracaso total de la administración Biden para hacer cumplir las leyes federales de inmigración hizo que el proyecto de ley de la Cámara 4156 fuera una necesidad», agregó.
Desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo a principios de 2021, los cruces ilegales de fronteras han alcanzado niveles récord.
En el año fiscal 2023, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos registró unos 2.4 millones de encuentros con inmigrantes ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México.
Mientras que los críticos, como los funcionarios de Oklahoma, dicen que los funcionarios federales no están aplicando las leyes actuales, los funcionarios de la administración dicen que el sistema es defectuoso y necesita una reforma por parte del Congreso.
«Solo el Congreso, a través de la legislación, puede arreglar lo que todo el mundo está de acuerdo es un sistema de inmigración defectuoso, que se actualizó por última vez hace casi 30 años», dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas a los periodistas en Arizona en junio.
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