Un juez federal bloqueó una orden ejecutiva de la administración Trump que permite a los estados y a los gobiernos locales rechazar a refugiados en el marco de un programa de reasentamiento en Estados Unidos.
El Juez de Distrito de EE.UU. Peter Messitte de Maryland, otorgó el miércoles un mandato preliminar (pdf) que prohíbe a la administración Trump hacer cumplir una orden ejecutiva que requiere que las agencias de reasentamiento obtengan el consentimiento escrito de cualquier estado o área de gobierno local que propongan para reasentar refugiados.
La orden ejecutiva, firmada en septiembre de 2019, otorga a los estados y a los gobiernos locales el poder de decidir si tienen la capacidad y los recursos para acomodar el reasentamiento de refugiados.
«Los gobiernos estatales y locales son los que están mejor posicionados para conocer los recursos y capacidades que pueden o no tener disponibles para dedicarlos al reasentamiento sostenible, lo que maximiza la probabilidad de que los refugiados ubicados en el área se vuelvan autosuficientes y se liberen de la dependencia a largo plazo de la asistencia pública», señala el decreto.
Esta facultad fue invocada recientemente por Texas, que se convirtió en el primer estado conocido que optó por no recibir refugiados en virtud de la orden ejecutiva. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que el estado ya ha reasentado a cerca del 10 por ciento de todos los refugiados que han entrado en Estados Unidos en los últimos 10 años, y también se ha ocupado de un número desproporcionado de inmigrantes ilegales que cruzan al estado fronterizo.
El caso en cuestión fue presentado por tres agencias de reasentamiento—HIAS, Church World Service y Lutheran Immigration and Refugee Service— que dicen que su trabajo ha sido directamente impactado y perjudicado por la orden ejecutiva.
Las agencias argumentan que la orden otorga a los estados y a los gobiernos locales un «poder de veto» sobre el reasentamiento de refugiados, que viola la ley y expresa la intención del Congreso. Además, afirman que la orden causa a ellos y a los refugiados un «daño irreparable», diciendo que será una evisceración de un programa de refugiados de larga data (pdf).
La administración Trump ha argumentado que debido a que el presidente tiene la autoridad de decidir cuántos refugiados serán reasentados cada año, tiene un subconjunto de poder para determinar si los gobiernos estatales y locales pueden decidir si los refugiados serán reasentados en sus comunidades.
En un fallo de 31 páginas, Messitte dijo que la orden es ilegal porque da a los gobiernos estatales y locales el poder de vetar y que «va en contra de la clara intención del Congreso».
Messitte también acordó que la orden causa daño a las agencias de reasentamiento ya que continuarán en un «frenesí» mientras tratan de obtener consentimientos por escrito, lo que los desviará tanto de su propósito como de su misión principal y posiblemente les hará cerrar operaciones en los estados y gobiernos locales que no den su consentimiento.
«La casi inevitable pérdida de buena voluntad y el daño a la reputación, por lo menos en los estados y localidades que no dan su consentimiento, agravará las lesiones del demandante», dijo.
También añadió que la orden «no parece servir al interés público general».
Uno de los desafiantes de la orden, HIAS, acogió con satisfacción la decisión, diciendo en una declaración que estaban «agradecidos por la claridad de esta orden».
«Una abrumadora mayoría de los gobernadores y municipios ya han expresado su deseo de seguir acogiendo a los refugiados», dijo Mark Hetfield, presidente y director ejecutivo de HIAS. «A los pocos que no lo han hecho, les decimos que no solo es cruel y antiamericano prohibir a los refugiados de sus estados y ciudades, sino que es ilegal. HIAS continuará nuestro trabajo de reasentamiento de refugiados que han llegado a nuestras costas buscando reiniciar sus vidas en forma segura».
Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, calificó el fallo de «absurdo» y de ejemplo «de las órdenes judiciales de los tribunales de distrito de todo el país que se desbocan».
«Otro tribunal de distrito sin ley ha afirmado su propia política de inmigración preferida en lugar de las leyes de Estados Unidos y, al hacerlo, ha robado a millones de ciudadanos estadounidenses su voz y su opinión en un asunto vital que afecta directamente a sus comunidades», dijo Grisham en la declaración. «El presidente Trump reconoció con razón y justicia que sus comunidades son únicas, y aunque algunas ciudades tienen los recursos para apoyar adecuadamente a los refugiados y ayudarles a tener éxito, no todas las comunidades pueden sostener la sustancial y costosa carga».
«Sabiendo eso, la administración Trump cumplió una promesa clave al dar a los estados y localidades un asiento en la mesa para decidir si los refugiados serán colocados o no en sus comunidades. Además, en virtud de la Ley de Refugiados de 1980, el Congreso otorgó explícitamente al Presidente autoridad sobre el proceso de reasentamiento de refugiados, incluso teniendo en cuenta la consulta local», continuó.
«Estamos revisando rápidamente todas las opciones para proteger a nuestras comunidades y preservar la integridad del proceso de reasentamiento de refugiados», agregó.
El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a nuestra solicitud de comentarios.
Treinta y siete estados, seis condados y nueve ciudades han notificado hasta ahora al Departamento de Estado que aceptarán el reasentamiento de refugiados en el año fiscal 2020, que comenzó el 1 de octubre de 2019.
Mientras tanto, dos condados han optado hasta ahora por no aceptar a los refugiados bajo la orden de Trump: el condado de Appomattox en Virginia y el condado de Beltrami en Minnesota. Aunque ninguno de los dos condados ha reasentado a refugiados durante varios años, los líderes de ambos han dicho que su condado no tiene el presupuesto para apoyar el reasentamiento.
Estados Unidos aceptará alrededor de 18,000 refugiados en el año fiscal 2020, lo cual se ha reducido progresivamente desde el límite máximo de 110,000 en 2016.
Charlotte Cuthbertson contribuyó a este informe.
Actualización: El informe fue actualizado para incluir una declaración de la Casa Blanca.
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