Un juez federal bloqueó el 12 de febrero una iniciativa clave sobre el clima que fue firmada por el presidente Joe Biden en su primer día en el cargo el año pasado.
El juez de distrito James Cain bloqueó la orden ejecutiva del presidente de enero de 2021 que tendría en cuenta un supuesto «coste social» para las emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso cuando los responsables políticos creen normas.
«El Tribunal está de acuerdo en que el interés público y el equilibrio de las equidades pesan mucho a favor de conceder una orden judicial preliminar», escribió Cain en una orden (pdf) al emitir una orden judicial temporal.
Cain, una persona designada por el expresidente Donald Trump, se puso del lado de los estados en su demanda contra el gobierno federal y estuvo de acuerdo en que «los daños a sus Estados y al bienestar económico de sus ciudadanos son más que suficientes para establecer la legitimidad y la posibilidad de un daño irreparable».
La orden de Biden, añadió el juez, «perjudicará la capacidad de los Estados demandantes para comprar energía asequible para llevar a cabo sus funciones soberanas», ya que el mandato «aumentará significativamente los costes y, al mismo tiempo, disminuirá significativamente los ingresos de los Estados, lo que dará lugar a la incapacidad de los Estados demandantes para llevar a cabo sus deberes soberanos hacia sus ciudadanos».
En enero de 2021, Biden firmó una orden ejecutiva en la que se afirmaba que existe un «coste social» de las emisiones de carbono, óxido nitroso y metano, afirmando además que existe un valor estimado en dólares en el que incurre Estados Unidos por cada tonelada métrica adicional de gases que se emite (pdf).
Luisiana, Texas, Florida y otros estados liderados por los republicanos presentaron una demanda para bloquear la orden de Biden, afirmando que la Casa Blanca persigue una «agenda verde autodestructiva». También describieron la política como otro intento de extralimitación federal.
«El intento de Biden de controlar las actividades del pueblo estadounidense y las actividades de todas las empresas, desde los pequeños negocios hasta Wall Street, ha sido detenido hoy», dijo el fiscal general republicano de Luisiana, Jeff Landry, en un comunicado el 12 de febrero tras el fallo de Cain. «La orden ejecutiva de Biden fue un intento del gobierno de tomar el control e imponer impuestos al pueblo en base a ganadores y perdedores elegidos por el gobierno».
Landry argumentó que con la norma de Biden intacta, «la agricultura, la energía y prácticamente todas las demás industrias manufactureras están en juego», y señaló que un juez reconoció que el gobierno federal «no tiene ese alcance».
Desde que asumió el cargo, Biden ha firmado una serie de políticas relacionadas con el clima, como la desechar la construcción del oleoducto Keystone XL entre Estados Unidos y Canadá, la anulación de los contratos de arrendamiento de un proyecto petrolero en Alaska y la clausura de otros oleoductos.
Los republicanos han dicho que esas políticas reducen la independencia energética del país y provocan un aumento de los precios del combustible para calefacción, la gasolina y otros productos.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para pedirle comentarios.
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