Un juez federal emitió el viernes una medida cautelar que permite portar armas de fuego en lugares específicos, en una decisión crucial a pocos días de que una nueva ley estatal de Maryland restringiera el porte de armas de fuego en público.
El fallo, que bloquea parte de la ley y permite otra parte, fue elogiado tanto por republicanos como por demócratas.
El juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. George L. Russell III, nominado por el ex presidente Barack Obama, emitió su orden y una opinión exhaustiva de 40 páginas el viernes, después de múltiples desafíos legales a la Ley de Seguridad de Armas de 2023.
La ley fue impugnada ante el tribunal después de que fuera aprobada por la Asamblea General a principios de este año y promulgada por el gobernador Wes Moore, demócrata.
Conocida como Proyecto de Ley del Senado 1, o SB 1, la ley incluía amplias restricciones sobre dónde se podían portar armas de fuego. Sin embargo, la orden preliminar permite llevar armas en determinados lugares, incluidos algunos negocios que venden alcohol, edificios privados y cerca de manifestaciones públicas.
«En cuanto a los otros estatutos citados por los demandados estatales, no son similares a la restricción del SB 1 sobre los lugares que venden alcohol porque no imponen una ‘carga comparable sobre el derecho a la autodefensa armada'», escribió el juez Russell en su orden (pdf). «Esos estatutos históricos sólo impedían portar armas de fuego a las personas intoxicadas, mientras que el SB 1 prohíbe portarlas a todas las personas presentes en locales de venta de alcohol».
Mientras tanto, las disposiciones más amplias de la ley seguirán entrando en vigor en gran medida el domingo, limitando la posibilidad de llevar armas en otros muchos lugares públicos, como museos, centros sanitarios, recintos escolares, parques, instalaciones de transporte público, edificios gubernamentales, estadios, hipódromos, parques de atracciones y casinos.
Los republicanos de la Asamblea General y el Senado del estado celebraron la orden preliminar como una victoria.
«El Tribunal reconoció que muchas de las restricciones que el ala de extrema izquierda de la Asamblea General trató de imponer a los propietarios de armas legales y pacíficos fueron mucho más allá de los límites de lo permitido constitucionalmente», dijo el líder de la minoría de la Cámara Jason C. Buckel (R-Allegany).
«Durante el debate sobre el Proyecto de Ley del Senado 1, los miembros del Caucus Republicano de la Cámara advirtieron repetida y exhaustivamente a nuestros colegas demócratas que algunas partes de este proyecto de ley iban demasiado lejos».
Los republicanos del Senado de Maryland calificaron la decisión de la corte de «victoria para la seguridad pública», al tiempo que censuraron a los demócratas del estado por tratar de «aprobar leyes inconstitucionales para despojar de sus derechos a los ciudadanos respetuosos de la ley».
El fallo también fue acogido con satisfacción por uno de los demandantes, Cody J. Wisniewski, consejero general y vicepresidente de asuntos jurídicos de la FPC Action Foundation.
«Estamos encantados de que la Corte haya visto el error de Maryland y haya impedido que el Estado aplique ciertas disposiciones de su ley que prohíben a los titulares de permisos de portación pacífica llevar sus armas en un gran número de lugares de todo el Estado», dijo Wisniewski en un comunicado.
El Sr. Wisniewski señaló que la corte no aceptó su moción en su totalidad, permitiendo a Maryland aplicar las restricciones en algunos lugares, y dijo que su organización legal estaba «evaluando sus próximos pasos».
Los demócratas, por su parte, se alegraron de que las disposiciones más amplias de la ley que prohíben las armas en una serie de locales permanecieran intactas.
«Nos complace que la corte confirmara muchas de las disposiciones de sentido común del proyecto de ley SB 1 destinadas a mantener a los habitantes de Maryland a salvo de la plaga de la violencia armada», dijo Jennifer Donelan, portavoz del fiscal general del estado, Anthony Brown. «La Oficina del Fiscal General continuará defendiendo enérgicamente todas las disposiciones de la SB 1».
Los demócratas deberían «abandonar su agenda política»
Los demócratas en la legislatura de Maryland trataron de restringir dónde se pueden portar armas después de la decisión de junio del 2022 de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso New York State Rifle and Pistol Association v. Bruen, que efectivamente anuló las leyes anteriores de Maryland que limitaban los permisos de portación oculta.
La Ley de Seguridad de las Armas del 2023 redefine dónde se pueden portar armas, dividiendo los lugares en tres tipos ampliamente definidos: zonas para «niños y personas vulnerables», zonas «gubernamentales o de infraestructura pública» y una «zona para fines especiales», que incluye lugares donde el público se reúne para entretenimiento, educación u otros eventos sociales.
El mismo día en que el gobernador promulgó la ley, se presentaron demandas judiciales contra la misma. Las demandas cuestionaban la constitucionalidad de la ley y pretendían impedir su aplicación.
El juez Russell confirmó la mayoría de las restricciones de la nueva ley, pero discrepó con la designación de los negocios que venden alcohol como lugares sensibles y con la prohibición general de armas en edificios privados sin el consentimiento del propietario. También expresó su preocupación por las restricciones relativas a las armas de fuego en manifestaciones públicas, que en su opinión podrían ser objeto de recursos de inconstitucionalidad.
El líder de la minoría en el Senado de Maryland, el republicano Steve Hershey, dijo que los demócratas deberían «abandonar su agenda política y centrarse en salvar nuestras ciudades asotadas por la delincuencia».
Aunque algunas restricciones siguen vigentes en virtud de la legislación actual, como la prohibición de portar armas de fuego bajo los efectos del alcohol o las drogas, y la posibilidad de que los comercios publiquen prohibiciones de armas de fuego, la sentencia del juez supone un avance significativo en el panorama de la legislación sobre armas de Maryland.
Las demandas también cuestionan la constitucionalidad del proyecto de ley 824 de la Cámara de Representantes, que introduce disposiciones adicionales sobre quién puede poseer armas de fuego y eleva la edad para la compra legal de un adulto a 21 años.
Se espera que ambas partes presenten un informe conjunto sobre la situación del caso en las próximas dos semanas.
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