El martes, el juez federal Douglas L. Rayes anuló una disposición clave de la prohibición del aborto en Arizona que habría permitido a los fiscales presentar cargos contra los proveedores de salud por interrumpir embarazos debido a un diagnóstico de anomalía genética, excepto en caso de emergencia médica.
Rayes también concedió una orden preliminar contra una disposición que habría permitido a los fiscales presentar cargos contra cualquier persona que financiara o pagara el aborto.
«Las regulaciones del motivo no prohíben a las mujeres interrumpir embarazos previables debido a una anormalidad genética del feto; prohíben a los proveedores realizar tales abortos si conocen el motivo de la paciente», escribió Rayes en la orden judicial (pdf).
Rayes concluyó que la nueva ley perjudicará la relación médico-paciente si una mujer desea interrumpir su embarazo debido a una anomalía genética del feto, pero oculta esta información a su médico.
Rayes dictó la sentencia ocho horas antes de que la nueva ley del aborto entrara en vigor.
El juez se negó a conceder una orden contra una sección de la ley que exige que los fetos sean denominados «personas» desde el momento de la concepción.
La Asociación Médica de Arizona, la Organización Nacional de Mujeres de Arizona y dos médicos fueron algunos de los que presentaron el recurso judicial.
El gobernador de Arizona, Doug Ducey, promulgó la nueva ley sobre el aborto (pdf) en abril de 2021 para proteger a los niños no nacidos de los abortos realizados estrictamente en función de trastornos genéticos, como el síndrome de Down.
La nueva ley también prohíbe a los colegios y universidades públicas realizar un aborto, prohíbe la entrega por correo de medicamentos para inducir el aborto y permite que el padre o los abuelos maternos de un niño no nacido que fue abortado debido a un trastorno genético puedan demandar en nombre de un niño no nacido.
El proyecto de ley exige que el médico o el abortista rellenen una declaración jurada en la que afirmen que no van a practicar un aborto debido a la anomalía genética del niño. También exige que el abortista informe a la madre de que es ilegal realizar un aborto debido a la raza, el sexo o la anomalía genética del niño, y que denuncie cualquier infracción de la ley.
Ducey dijo en abril que la legislación «dará prioridad a la vida de nuestros niños prematuros y protegerá a aquellos con anomalías genéticas».
Los demócratas de la Cámara de Representantes de Arizona, sin embargo, dijeron en Twitter que la legislación era un «proyecto de ley de nacimiento forzado, de condición de persona que tiene como objetivo a los médicos y a las mujeres que abortan».
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