Un juez federal dijo que bloqueará una disposición que consideró «tiránica» en una ley de armas de California entrante porque tendría un «efecto amedrentador» de desalentar a las personas a desafiar el estatuto en los tribunales.
El juez, Roger Benítez, dijo el 16 de diciembre en la corte de San Diego que pronto emitiría una orden judicial para detener parte de una ley estatal, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero, informó The Associated Press. La cláusula infractora obligaría a quienes desafían las leyes estatales sobre armas de fuego a pagar los honorarios legales del gobierno en caso de que pierdan en las cortes. La legislatura fue muy promovida por el gobernador de California, Gavin Newsom, un demócrata con ambiciones presidenciales.
El caso, presentado ante la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de California, es Miller vs. Bonta, expediente judicial 22-cv-1446. La demanda es una de las muchas que están pendientes en tribunales de todo el país después de que la Corte Suprema de EE. UU. dictaminara el pasado mes de junio que las personas tienen el derecho constitucional a portar armas de fuego en público para su defensa propia.
El llamado requisito de que el perdedor pague produciría un «efecto amedrentador» que impediría a los residentes del estado interponer demandas para reivindicar sus derechos legales porque temerían tener que pagar unas minutas de abogados potencialmente enormes, dijo Benítez, coincidiendo con los abogados de la Segunda Enmienda.
«No se me ocurre nada más tiránico», dijo Benítez, juez nombrado por el expresidente George W. Bush.
Benítez dictaminó anteriormente en contra de las leyes de California que apuntaba contra la tenencia de armas. Su defensa de la Segunda Enmienda le ha valido el apodo de «San Benítez» entre los activistas por el derecho a las armas.
En junio de 2021, el juez consideró que la Ley de Control de Armas de Asalto de California de 1989, que prohibía las llamadas armas de asalto como el popular rifle AR-15 en el estado, contravenía la Segunda Enmienda. Semanas después, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos dejó en suspenso su fallo. En marzo de 2019, Benítez determinó que la prohibición estatal de los cargadores de gran capacidad incluida en la Proposición 63 era inconstitucional.
En el caso que nos ocupa, el juez dijo que no impediría la entrada en vigor del resto del estatuto, dejando intactas las disposiciones por las que se prohíbe la venta de algunas de las armas llamadas armas de asalto y se prohíben las armas que carezcan de número de serie.
Este novedoso mecanismo de aplicación se inspira en una ley de Texas promulgada el año pasado, que permite a los particulares presentar demandas por presuntas violaciones de la ley estatal sobre el aborto del latido fetal. La ley permite, por ejemplo, demandar a quien haya ayudado a una mujer a abortar ilegalmente llevándola en coche a una clínica.
Newsom sostiene que la ley del aborto de Texas es inconstitucional, pero dice que si la Corte Suprema de EE. UU. la confirma, entonces su estado se basará en el mismo mecanismo de aplicación para atacar las protecciones de la Segunda Enmienda.
La Corte Suprema de EE. UU. rechazó una petición de bloquear la ley de Texas y el 10 de diciembre de 2021 emitió un complejo fallo procesal en el caso Whole Woman’s Health vs. Jackson, devolviendo el caso a una corte inferior. En junio de este año, la Corte Suprema anuló Roe vs. Wade, el precedente de 1973 que sostenía que el aborto era un derecho constitucional, lo que provocó una oleada de actividad en las legislaturas estatales e impugnaciones legales de leyes abortistas en tribunales de todo el país.
El 16 de diciembre, Benítez reprendió en la corte a los abogados del estado de California, quienes afirmaron que el estado no tiene intención de aplicar las normas sobre honorarios legales a menos que la ley de Texas supere el escrutinio jurídico.
«No estamos en un jardín de infancia. No se trata de decir: ‘Mamá, él me hizo esto a mí, así que yo debería poder hacerle esto a él'», declaró Benítez.
The Epoch Times se puso en contacto en repetidas ocasiones con ambas partes a lo largo del fin de semana.
Bradley Benbrook y Stephen Duvernay, abogados de quienes impugnaron la ley de armas de California, y los abogados del Estado, Elizabeth K. Watson y Thomas A. Willis, no respondieron al cierre de esta edición. El equipo de California Gun Rights Foundation, que lucha contra la ley, tampoco respondió a una solicitud de comentarios.
Por su parte, el abogado Joshua Dale, que representa a un club de armas de la zona de San Diego implicado en la demanda, dijo a Benítez que la ley ejercería una presión indebida sobre los posibles litigantes.
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