Un juez federal ha denegado el jueves una orden de restricción que habría bloqueado las órdenes de vacunación para hasta 125 empleados de la ciudad en Carolina del Sur.
Tom Fernandez y su bufete Fernandez Law representaron a los demandantes, 100 de los cuales son socorristas que presentaron una demanda contra las ciudades de Charleston y North Charleston, el condado de Charleston y el distrito de bomberos de St. Johns.
«Sentían que era nada menos que una coacción del gobierno para ponerse la vacuna», dijo Fernandez a The Epoch Times. «Presentamos una demanda en el tribunal estatal alegando sus protecciones constitucionales. No querían la vacuna. Creían que era su derecho religioso rechazarla. Creían que era su derecho a la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y su derecho a la autonomía corporal el no recibir la vacuna».
El juez David Norton, del Tribunal de Distrito de EE. UU. en Carolina del Sur, dijo en un comunicado que no es el papel del tribunal imponer las políticas de los empleadores que «lograrían un equilibrio entre los intereses en competencia de una pandemia que ha afectado no solo a este estado o país, sino el mundo, durante casi dos años».
«Los puntos que expuso en su orden de ayer eran básicamente temas de conversación regurgitados de las noticias nocturnas», dijo Fernandez. «No tenían hechos. No había nada sustancial. Básicamente fue: ‘ el COVID es una emergencia y los hospitales están llenos. No hay repiradores disponibles, y que las UCI no tienen más camas disponibles'».
Fernandez dijo que presentaron al tribunal datos de los hospitales locales que mostraban que las infecciones por COVID-19 están en declive en todo el estado y en la nación, con menos de la mitad de los repiradores en uso, y de ellos, solo el 7 por ciento estaban siendo utilizados por pacientes con COVID-19.
El juez eligió esos temas de conversación por encima de las protecciones constitucionales de los policías y los bomberos, dijo Fernandez.
Inicialmente, los empleados de la ciudad debían vacunarse antes del 5 de noviembre, pero el alcalde de North Charleston, Keith Summey, lo amplió hasta el 19 de noviembre tras la sentencia.
«Esto es esencial para proporcionar un entorno de trabajo seguro para los empleados de la ciudad y para ofrecer servicios seguros y eficientes a nuestros ciudadanos», dijo Summey. «La ciudad tiene la esperanza de que algunos demandantes, tras leer la orden del juez Norton, quieran ahora cumplir con la política de vacunación para conservar su empleo».
Muchos de los empleados con los que ha hablado Fernandez, dijo, «se mantienen firmes».
«Tenemos alcaldes que piensan que solo van a ser un puñado de policías y bomberos los que van a ser despedidos», dijo Fernandez. «Se van a encontrar de repente el primer día con que les falta un gran porcentaje de su departamento».
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