Un juez federal en Texas dictaminó la semana pasada que la invocación de la Ley Nacional de Emergencias por parte del presidente Trump para liberar fondos, principalmente de las asignaciones del Departamento de Defensa, para construir parte del muro fronterizo en la frontera de EE.UU. con México era ilegal.
Se espera que la administración Trump apele el fallo.
El juez federal de distrito David Briones en Texas, quien fue designado por el entonces presidente Bill Clinton, dictaminó que la Proclamación 9844 de Trump, emitida el 15 de febrero, violaba la legislación sobre gastos aprobada por el Congreso.
En la proclamación, Trump declaró que «la situación actual en la frontera sur presenta una crisis de seguridad fronteriza y humanitaria que amenaza los intereses centrales de seguridad nacional y constituye una emergencia nacional». La frontera sur, dijo en el escrito, «es un importante punto de entrada para los delincuentes, pandilleros y los narcóticos ilícitos».
«Los últimos años han visto un fuerte aumento en el número de unidades familiares que ingresan y buscan ingresar a los Estados Unidos y una incapacidad para proporcionar espacio de detención para muchos de estos extranjeros mientras sus procedimientos de expulsión están pendientes», agregó Trump.
Pero Briones rechazó el razonamiento proporcionado por el presidente.
«La Proclamación es ilegal porque el plan de financiación viola la CAA en general (…) y la sección 739 [específicamente]», escribió el juez.
La CAA se refiere a la Ley de Asignaciones Consolidadas aprobada por el Congreso; la Sección 739 prohíbe que los fondos cubiertos por el estatuto se utilicen para cualquier proyecto que no esté específicamente incluido en la legislación.
Pero Briones no emitió una orden judicial y, en cambio, les dio a los litigantes 15 días para hacer presentaciones sobre qué hacer a continuación. Específicamente, ordenó a las partes que presentaran una orden judicial preliminar propuesta con 10 días de la decisión, después de lo cual la administración tendría cinco días para responder.
Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza de Derechos Humanos con sede en El Paso, elogió el fallo, informó KFOX en Baltimore.
“Estamos eufóricos de que el tribunal federal de Texas se haya puesto del lado de nosotros al emitir un fallo basado en la justicia y el sentido común. Esta decisión de hoy impedirá la transferencia de estos fondos por parte del Departamento de Defensa para la construcción de este muro fronterizo inútil e ilegal. No hay emergencia en la frontera. Esta acción se basó en una distorsión de la realidad sobre el terreno para nuestras comunidades fronterizas. Nosotros, junto con nuestros socios, siempre supimos que el uso de fondos militares para la construcción de un muro fronterizo era ilegal. Es hora de abandonar esta idea ridícula».
La demanda fue presentada por el Condado de El Paso, Texas, y la Red Fronteriza de Derechos Humanos.
No está claro qué efecto tendrá el fallo del juez del 11 de octubre. Esto se debe a que, el 26 de julio, la Corte Suprema revocó una orden de un tribunal inferior que impedía que la administración avanzara con la expansión del muro fronterizo con México.
En un litigio separado a principios de este año, el juez federal de distrito Haywood S. Gilliam Jr., designado por el entonces presidente Barack Obama, bloqueó preliminarmente a la administración Trump en un mandato nacional «de tomar cualquier medida para construir una barrera fronteriza» con la reasignación del Departamento de Estados Unidos de Fondos de defensa, en partes de Arizona y Texas conocidos como Yuma Sector Project 1 y El Paso Sector Project 1.
Gilliam también hizo un reclamo que los expertos legales dicen que es muy cuestionable, acusando falsamente a Trump de violar la doctrina de la separación de poderes e infringiendo el poder del monedero del Congreso. Es cierto que el Congreso se negó a darle al presidente todos los fondos que solicitó para construir una barrera fronteriza. Como el Congreso negó esas asignaciones, el 15 de febrero, Trump invocó sus poderes aprobados por el Congreso en virtud de la Ley Nacional de Emergencias de 1976, un estatuto que otorgó a los presidentes el poder de declarar emergencias dentro de parámetros limitados.
El profesor de derecho constitucional izquierdista Jonathan Turley escribió en enero de 2019 sobre el uso de la ley por parte de Trump en el periódico The Hill: «El Congreso expresamente dio a los presidentes la autoridad para declarar tales emergencias y actuar unilateralmente».
Como señala Turley, esta autoridad ha sido evocada en «aproximadamente 30 emergencias de este tipo que continúan hasta nuestros días» con poca o ninguna controversia hasta que el actual presidente la invocó. Los legisladores han intentado y no han anulado el uso de la ley por parte de Trump para asegurar la financiación de la construcción del muro fronterizo.
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