Un juez federal de Texas dictaminó este viernes que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), una política de la era de Obama que protege a ciertos inmigrantes ilegales de ser deportados, es ilegal y bloquea la presentación de nuevas solicitudes.
El juez de distrito de los Estados Unidos, Andrew Hanen, argumentó que la política va en contra de la Constitución porque el Congreso nunca otorgó al poder ejecutivo autorización para conceder una suspensión de la deportación a los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. La DACA, que fue establecida en 2012 por la administración del presidente Barack Obama, ha otorgado protección a unas 800,000 personas.
Después de argumentar que el Departamento de Seguridad Nacional violó la Ley de Procedimiento Administrativo, Hanen dictaminó que el DHS ahora debe dejar de aprobar nuevas solicitudes de DACA. La orden no afecta el estatus de los beneficiarios actuales de DACA, escribió el juez.
“El Congreso no ha dado rienda suelta al Poder Ejecutivo para otorgar presencia legal fuera del ámbito del esquema legal”, escribió Hanen (pdf), quien fue designado por el expresidente George W. Bush. “No es equitativo que un programa gubernamental que ha generado una dependencia tan significativa termine repentinamente”, también escribió al ordenar que el estatus de las personas actualmente en la DACA no cambie y puedan continuar buscando la renovación de su estatus.
“Esta consideración, junto con la afirmación del Gobierno de que está listo y dispuesto a tratar de remediar los defectos legales del programa DACA, indica que la equidad no se verá beneficiada por un cese completo e inmediato de DACA”, escribió el juez.
Los extranjeros ilegales en los Estados Unidos que tenían 30 años o menos recibieron protección del programa. Para recibir la protección de DACA, deben haber llegado al país en 2007 antes de cumplir los 16, y también deben ser estudiantes o graduados sin antecedentes penales graves, entre otros requisitos.
La administración Obama y los demócratas a menudo se refirieron a los jóvenes inmigrantes ilegales como «dreamers» luego de que la Ley Dream, que les habría otorgado un camino más fácil para convertirse en ciudadanos estadounidenses, no se aprobó en el Congreso hace aproximadamente una década.
Más tarde, la administración Trump intentó rescindir de la DACA en 2017, lo cual generó críticas significativas de los demócratas y desencadenó una campaña de presión impulsada por los principales medios de comunicación que calificó a la administración como despiadada. El presidente Donald Trump escribió en ese momento que la DACA «le da al presidente de los Estados Unidos mucho más poder del que NUNCA anticipó». Antes de eso, lo describió como un programa de amnistía ilegal que solo sirve para aumentar las posibilidades de los demócratas de ganar las elecciones.
La Corte Suprema finalmente bloqueó el intento de Trump de eliminar el programa en 2020, lo cual hizo que la administración Trump tratara de bloquear nuevas aplicaciones bajo la DACA. Otro juez rechazó la oferta de la administración y ordenó la restauración de DACA.
Hanen se pronunció sobre una demanda presentada por Texas, a la que se unieron Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental. Los estados argumentaron que el programa equivale a una extralimitación federal.
El fallo seguramente ejercerá más presión sobre el Congreso y la administración Biden para que intenten aprobar una ley permanente. Esto ocurre cuando cerca de 190,000 inmigrantes ilegales fueron detenidos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en junio. Si se propone un proyecto de ley de este tipo, en medio del aumento significativo de inmigrantes ilegales, es probable que los republicanos no lo apoyen.
Se espera que los partidarios de la DACA apelen la decisión de Hanen.
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