Un juez de California dictaminó el lunes que la administración de Donald Trump está operando dentro de su autoridad al separar a las familias detenidas en la frontera con México.
El juez de distrito de San Diego, Dana Sabraw, rechazó los argumentos presentados por La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en contra de la separación de más de 900 niños durante el primer año de mandato del presidente, reportó la agencia AP.
El juez Sabraw indicó en una decisión de 26 páginas que no podía cuestionar las decisiones del Gobierno de separar a los niños sobre la base de que los padres en el momento de separación eran considerados no aptos o peligrosos, o en otras circunstancias limitadas como antecedentes penales, enfermedades transmisibles y dudas sobre la paternidad. El magistrado advirtió que no encontró pruebas de que el gobierno de Trump estuviera abusando de su discreción.
«Es una convocatoria que tiene un alcance potencialmente masivo, invade un área que está particularmente dentro de la provincia de la rama ejecutiva para asegurar la frontera de la nación, y va más allá de la certificación de clase y las órdenes de orden judicial preliminares de esta corte, las cuales se enfocaron en la práctica de la administración de separar familias en la frontera con el propósito de disuadir la inmigración, y no reunificar a esas familias» escribió Sabraw, según AP.
En junio de 2018, el juez detuvo la práctica de separar a las familias bajo una política de «tolerancia cero» para disuadir la inmigración ilegal bajo las leyes previas de inmigración y ordenó que alrededor de 2800 niños se reunieran rápidamente con su familia pese a que no se contara con los sistemas de seguimiento adecuados en ese momento, añade el informe.
El juez Sabraw dijo en la nueva resolución que la Administración de Trump deberá resolver cualquier duda sobre el parentesco antes de separar a las familias mediante el uso de pruebas de ADN, ya que dan resultados en unos 90 minutos.
Además relató que el Gobierno reconoció que se equivocó al separar a una madre que necesitaba una cirugía de emergencia y a un padre que era VIH positivo pero rechazó el argumento de la ACLU de que algunas acusaciones de afiliación a pandillas eran infundadas, resaltando que el gobierno se basa en «evidencia objetiva, no en alegaciones o intuición».
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo a AP que estaba considerando su próximo paso. «Estamos evaluando la decisión para determinar los próximos pasos para asegurar que los niños no sean separados de sus padres con base en infracciones menores», dijo el abogado Lee Gelernt.
La ACLU argumenta que la administración separa a las familias sobre alegaciones dudosas y transgresiones menores, incluyendo ofensas de tráfico. En su demanda describió condiciones “espantosas” que vivieron las familias aprehendidas, como por ejemplo cómo fueron detenidos en celdas muy frías, superpobladas y sucias durante largos períodos de tiempo, informó AP. Los argumentos que no fueron reconocidos por el juez Sabraw.
En su página Web ACLU reconoce que “han presentado demanda tras demanda”, contra el gobierno de Trump, “para detener estas vergonzosas y crueles políticas”.
«Estamos luchando contra ellos en cada paso del camino», afirma.
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