Un juez federal dictaminó el domingo que los funcionarios electorales de Iowa pueden continuar siguiendo la directiva del Secretario de Estado, Paul Pate, para impugnar las papeletas de 2176 votantes registrados que han sido identificados como posibles no ciudadanos.
El fallo se produjo cuando una reciente encuesta del Des Moines Register/Mediacom Iowa pronosticó que la vicepresidenta Kamala Harris lidera en Iowa por tres puntos sobre el expresidente Donald Trump, mientras que otras organizaciones encuestadoras estiman que Trump sigue por delante en lo que ha sido un estado seguramente republicano en los últimos años.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Iowa presentó una demanda en nombre de cuatro ciudadanos naturalizados el 30 de octubre, alegando que la directiva de Pate de comprobar el estatus de ciudadanía de los votantes registrados viola la cláusula de igualdad de protección de la Constitución de Estados Unidos.
El 22 de octubre, Pate ordenó a los auditores de los condados de Iowa que impugnaran ante el Departamento de Transporte de Iowa (DOT) las papeletas de los votantes que se hubieran identificado previamente como no ciudadanos.
En su demanda, la ACLU argumentó que la lista de votantes de Pate cuyas papeletas serían impugnadas se basaba en registros obsoletos del DOT, y que ya se había demostrado que muchos de los incluidos en la lista eran ciudadanos.
Alegó que la directiva del secretario impone «graves cargas» sobre los derechos de voto de los votantes afectados al mantener la lista en secreto, lo que, según dijo, podría socavar su capacidad para resolver su elegibilidad.
Pate respondió que los votantes podrán emitir un voto provisional en su lugar, que se contará si pueden demostrar su ciudadanía.
El juez de distrito Stephen Locher se negó a conceder una medida cautelar, citando la conclusión de que «una parte» de los nombres de los votantes registrados en la lista de Pate se ha confirmado que no son ciudadanos.
«Esta porción parece ser relativamente pequeña (no más del 12 por ciento) pero, aún así, la medida cautelar solicitada por los demandantes obligaría efectivamente a los funcionarios electorales locales a permitir que esas personas voten», declaró Locher en un fallo del 3 de noviembre.
Los demandantes habían argumentado que la directiva de Pate viola la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA, por sus siglas en inglés), que exige que los estados completen cualquier programa para eliminar a los votantes inelegibles en un plazo de 90 días antes de unas elecciones.
Sin embargo, Locher dictaminó que la NVRA no estaba implicada en este caso porque el estado no había eliminado a ningún votante del censo electoral y sólo les exigía que emitieran votos provisionales.
«Es probable que la carta del Secretario Pate imponga una modesta carga adicional al menos a algunos votantes que no deberían tener que soportar esa carga. De todos modos, esos votantes pueden seguir votando y que se cuenten sus votos. Por lo tanto, el daño no es irreparable», declaró el juez.
La semana pasada, Pate había culpado al gobierno federal de impedir que su oficina cumpliera la norma de los 90 días, diciendo que la auditoría se retrasó hasta octubre por la falta de cooperación del Departamento de Transporte, que no concedió acceso a la base de datos de Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos (SAVE) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. para confirmar la ciudadanía.
En una declaración, Pate saludó la sentencia de la corte como una «victoria para la integridad electoral de Iowa», haciendo hincapié en la importancia de garantizar que sólo los votantes con derecho a voto puedan participar en el proceso electoral de Iowa.
Afirmó que su oficina seguiría tratando de aclarar la situación de ciudadanía de los votantes que anteriormente habían declarado no ser ciudadanos, al tiempo que instaba a la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. a que permitiera a la oficina local de Iowa facilitar información sobre esos votantes.
La fiscal general de Iowa, Brenna Bird, declaró en X que el fallo garantizaba que los votos de los ciudadanos de Iowa no se verán anulados por votos ilegales.
«Me alegró encabezar la lucha en los tribunales para defender las leyes de integridad electoral de Iowa, vigentes desde hace mucho tiempo. Sólo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en las elecciones de Iowa», afirmó en un comunicado.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la ACLU para solicitar sus comentarios, pero no ha recibido respuesta al cierre de esta edición.
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