Un juez de Texas dictaminó el jueves que el gobierno federal no tiene autoridad para emitir una moratoria de desalojos a nivel nacional.
El juez de distrito, John Barker, falló a favor de un grupo de administradores de propiedades y propietarios que impugnaron una orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que les impedía desalojar temporalmente a sus inquilinos por falta de pago del alquiler durante la pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
La orden de los CDC en cuestión se emitió inicialmente en septiembre de 2020 y, en principio, expiraba el 31 de diciembre de 2020. Luego se prorrogó hasta el 31 de enero y después hasta fines de marzo. La orden pretendía mitigar la propagación de la pandemia reduciendo la congregación en entornos de vida compartida o en zonas de personas sin hogar no protegidas, y apoyar las respuestas estatales y locales a la enfermedad.
La orden convertía en delito que un arrendador o propietario desalojara a una «persona amparada» de una residencia, con varias excepciones. Los inquilinos cubiertos por la orden son aquellos que han hecho todo lo posible por obtener ayuda gubernamental para el alquiler o la vivienda, o cuyos ingresos están por debajo de un determinado umbral de ingresos.
Una persona que viole la orden podría enfrentarse a una pena de hasta un año de prisión, seguida de hasta un año de libertad supervisada, y una multa de hasta 250,000 dólares.
La orden solo suspende los desalojos, pero no exime a los inquilinos del pago del alquiler o de la vivienda.
Barker dijo que las moratorias de desalojo suelen ser promulgadas por los estados y que la demanda no cuestiona la autoridad de los estados para hacerlo. Pero los demandantes en el caso piden al tribunal que determine si la Constitución de EE.UU. permite al gobierno federal ordenar o legislar una moratoria nacional para desalojar a determinados inquilinos.
«Después de analizar los precedentes pertinentes, el tribunal concluye que la facultad del artículo I del gobierno federal de regular el comercio interestatal y promulgar las leyes necesarias y adecuadas para ese fin no incluye la facultad de imponer la moratoria de desalojo impugnada», escribió Barker en su fallo de 21 páginas (pdf).
La Southeastern Legal Foundation (SLF) y la Texas Public Policy Foundation representaron conjuntamente a los demandantes en el caso. Los grupos celebraron la decisión del juez.
«La orden del tribunal de hoy, que retiene la interferencia del CDC con los derechos de propiedad privada bajo el velo del COVID-19, sirve como aviso al gobierno de Biden de que la Constitución limita el poder del gobierno», dijo la consejera general de SLF, Kimberly Hermann, en una declaración. La moratoria fue emitida por primera vez por el CDC bajo el gobierno de Donald Trump, y extendida por el Congreso y luego por los CDC bajo Biden.
«Los tribunales federales seguirán siendo un baluarte principal contra las extralimitaciones inconstitucionales de los gobiernos federales y estatales. Como muestra nuestro historial, hemos luchado y ganado casos como este durante décadas, y la administración actual no ha mostrado ninguna moderación. Estamos preparando casos en todo el espectro constitucional para defendernos contra la acción desenfrenada del gobierno», añadió Hermann.
La demanda se presentó contra Estados Unidos, los CDC, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y tres funcionarios del HHS responsables de la orden.
El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
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