El último plan de condonación de préstamos estudiantiles de la Administración Biden —conocido como la «Tercera Regla de Cancelación Masiva»— puede seguir adelante después de que un juez federal se negara a renovar una orden de restricción temporal que bloqueaba el programa. El juez también desestimó parte de la demanda que impugnaba la iniciativa en Georgia y transfirió el caso a Misuri.
El juez de distrito Randal Hall, que emitió la orden de restricción inicial el 5 de septiembre, impidiendo que el Departamento de Educación aplicara el plan de condonación de préstamos estudiantiles, emitió una orden el 2 de octubre que no prorroga la congelación más allá de su fecha de expiración prevista del 3 de octubre.
Esta decisión permite a la Administración Biden seguir adelante con sus esfuerzos de condonación de préstamos estudiantiles mientras continúa la batalla legal.
El juez también desestimó la demanda del estado de Georgia, alegando falta de legitimación activa. El caso, presentado originalmente por una coalición de siete estados liderados por republicanos, entre ellos Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Misuri, Dakota del Norte y Ohio, cuestiona la legalidad del programa de condonación de deudas de la Administración Biden. Sin embargo, el juez determinó que las alegaciones de perjuicio financiero de Georgia eran especulativas y autoinfligidas, basándose en su legislación fiscal, vinculada a la política fiscal federal.
En su sentencia, el juez explicó que Georgia no había demostrado el tipo de perjuicio concreto necesario para proceder con la demanda, afirmando que cualquier pérdida potencial de ingresos fiscales derivada del plan de condonación de préstamos era «demasiado especulativa» y el resultado de decisiones tomadas por la propia legislatura del estado.
«Cualquier supuesto perjuicio derivado de la pérdida de ingresos fiscales fue autoinfligido por las leyes de Georgia y es insuficiente para establecer la legitimación», escribió Hall.
Mientras que Georgia fue despedido, el juez transfirió el caso al Distrito Este de Misuri, donde las reclamaciones de Misuri seguirá siendo escuchado. El juez consideró que Misuri, que alberga la Autoridad de Préstamos para la Educación Superior del Estado de Misuri (MOHELA), tiene un interés más directo en el resultado de la demanda, ya que los servicios de préstamo podrían sufrir un perjuicio financiero debido a las cancelaciones de préstamos.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la Oficina del Fiscal General de Georgia para solicitarle comentarios sobre la sentencia.
La orden de restricción temporal dictada por el juez Hall el 5 de septiembre, y prorrogada el 19 de septiembre por otros 14 días hasta el 3 de octubre, impedía temporalmente al Departamento de Educación aplicar lo que se ha dado en llamar la «Tercera Regla de Cancelación Masiva» mientras el tribunal evaluaba los argumentos jurídicos.
La decisión del juez Hall el 2 de octubre de desestimar el caso de Georgia y no prorrogar la orden de restricción temporal significa que el bloqueo del plan de la Administración Biden se ha levantado, al menos temporalmente.
No está claro si los demandantes de Misuri solicitarán otra orden de restricción temporal o un requerimiento judicial preliminar para bloquear el programa.
La demanda, presentada originalmente el 3 de septiembre ante la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Georgia, nombra como demandados al secretario de Educación, Miguel Cardona, al Departamento de Educación y al presidente Joe Biden. Los siete estados alegan que Cardona está «tratando ilegalmente de cancelar en masa cientos de miles de millones de dólares» en préstamos estudiantiles y ha dado «discretamente» instrucciones a contratistas federales para que inicien el proceso de cancelación.
Los demandantes afirmaron además que el costo del programa de la «Tercera Regla de Cancelación Masiva» podría alcanzar los 146,900 millones de dólares, que se sumarían a los 475,000 millones de dólares de costo estimado del programa de Ahorro en una Educación Valiosa (SAVE) que Cardona propuso por primera vez en agosto de 2022.
«Esta es la tercera vez que el secretario ha intentado ilegalmente cancelar en masa cientos de miles de millones de dólares en préstamos», dice la queja de los estados. «Los tribunales se lo impidieron las dos primeras veces, cuando intentó hacerlo abiertamente. Ahora intenta hacerlo a escondidas».
La demanda alega que el tercer intento de Cardona de condonar los préstamos es a la vez el más agresivo y el menos defendible jurídicamente, argumentando que esta medida pasa por alto requisitos legales, como la norma de notificación pública de 60 días.
El primer intento de la Administración Biden de condonar los préstamos estudiantiles quedó bloqueado cuando la Corte Suprema de EE. UU. se pronunció en contra de utilizar la Ley Ómnibus de Soluciones de Emergencia para la Recuperación Económica y Sanitaria (HEROES) para autorizar la condonación de la deuda.
Un segundo intento, relacionado con el Plan SAVE, fue frenado por una decisión del 9 de agosto de la Corte de Apelación del Octavo Circuito de EE. UU., que la Corte Suprema se negó a revocar más tarde en agosto.
El Departamento de Educación no respondió a la solicitud previa de The Epoch Times para comentar la demanda.
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