Un juez federal de Texas ha rechazado el intento del estado de impedir que el abogado especial Jack Smith destruya los registros relacionados con su procesamiento del presidente electo Donald Trump.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda a principios de este mes, alegando que «el equipo de Jack Smith se ha comportado de múltiples maneras que sugieren que no se puede confiar ciegamente en que preserve, y eventualmente produzca, todos sus registros».
También presentó una solicitud conforme a la Ley de Libertad de Información (FOIA) para obtener los documentos pertinentes, pero sugirió que era necesaria una orden de emergencia antes de una fecha límite prevista en diciembre para la actuación del Departamento de Justicia (DOJ).
El juez Matthew Kacsmaryk emitió una orden el 25 de noviembre en la que afirmaba que Paxton no había demostrado que existiera un riesgo significativo o sustancial de que el DOJ destruyera los documentos que solicitaba. Kacsmaryk también desestimó como «poco seria» la preocupación de Paxton sobre un camión estacionado fuera de la sede del DOJ en Washington.
Paxton había planteado la cuestión en un escrito de respuesta que enlazaba a un posteo del 19 de noviembre en el que el Proyecto de Supervisión de la Fundación Heritage incluía una foto del exterior de la sede del DOJ. En ella aparecía un camión con el logotipo de The Shredding Company Inc.
Un portavoz de la oficina del abogado especial no respondió a la solicitud de comentarios de The Epoch Times antes de la hora de publicación. Tampoco lo hizo la oficina de Paxton.
El DOJ dijo a Kacsmaryk el 18 de noviembre que Paxton «no puede demostrar un daño irreparable, porque los demandados no están destruyendo y no destruirán los registros federales en posesión de la Oficina del Asesor Especial», incluidos los documentos que responden a la solicitud de FOIA de Paxton.
La opinión de Kacsmaryk se produjo cuando Smith presentó solicitudes para desestimar su acusación contra Trump en Washington y su apelación en el caso de los documentos clasificados de Trump. A partir del 26 de noviembre, ambas solicitudes fueron concedidas.
Mientras Trump se prepara para entrar en su segundo mandato, han surgido especulaciones sobre cómo o si su Departamento de Justicia investigaría la conducta de Smith y de otros fiscales. Trump ha elegido a la ex fiscal general de Florida Pam Bondi para dirigir el departamento, junto a sus abogados Todd Blanche y Emil Bove, elegidos para fiscal general adjunto y fiscal general adjunto principal, respectivamente.
Tras la victoria electoral de Trump, los republicanos de la Cámara de Representantes exigieron que Smith conservara sus archivos. También reiteraron las solicitudes pendientes de documentos y comunicaciones de la oficina de Smith.
La orden de Kacsmaryk, así como las presentaciones del DOJ y Paxton, apuntaron a la Ley Federal de Registros, que exige a las agencias preservar la documentación. «La corte debe presumir que, en ausencia de pruebas en contrario, los demandados actúan de conformidad con sus obligaciones anteriores», dijo Kacsmaryk.
En general, la demanda de Paxton trataba de poner en duda el cumplimiento del DOJ con las solicitudes de registros. Por ejemplo, citó cómo se borraron los datos de casi dos docenas de teléfonos utilizados por miembros del equipo del abogado especial Robert Mueller.
Paxton también señaló cómo el DOJ, bajo la supervisión del fiscal general Merrick Garland, publicó una transcripción, pero no el audio, de una entrevista que el abogado especial Robert Hur realizó con el presidente Joe Biden. La Casa Blanca hizo valer el privilegio ejecutivo sobre la grabación de audio.
«Esa invocación del privilegio ejecutivo parece frívola a todas luces, dado que la transcripción ya se había hecho pública», decía la demanda inicial de Paxton.
En su respuesta a la corte, el DOJ dijo que la cuestión sobre el audio de Biden «no tiene absolutamente nada que ver con las investigaciones o registros del abogado especial Smith, y no tiene ninguna relación con la reparación solicitada».
«Una afirmación presidencial de privilegio hecha para proteger los archivos de las fuerzas del orden sobre un asunto diferente no dice nada sobre el riesgo de destrucción de documentos por la oficina del abogado especial en cuestión aquí o el Departamento de Justicia en general», añadió la presentación del departamento.
Según el expediente del DOJ, la Unidad de Remisión de Correo del departamento remitió la solicitud FOIA de Paxton a la Oficina de Política de Información, que gestiona las solicitudes de registros. La oficina acusó recibo de la solicitud y comunicó a Paxton por carta que la petición representaba «circunstancias inusuales» en virtud de la Ley de Libertad de Información.
En consecuencia, la solicitud fue asignada a una vía de tramitación «compleja» con un plazo de respuesta ampliado, según el DOJ.
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