Una juez federal rechazó el 4 de abril una petición del abogado especial Jack Smith después de que éste le advirtiera de las posibles consecuencias.
El Sr. Smith, designado por el Fiscal General Merrick Garland, dijo a la juez de distrito de EE.UU. Aileen Cannon a principios de esta semana que podría enfrentarse a una orden de un tribunal superior si no cambiaba su directiva sobre la preparación de las instrucciones del jurado para el próximo juicio del expresidente Donald Trump.
El asunto, que involucra interpretaciones de la Ley de Registros Presidenciales (PRA, por sus siglas en inglés), «no puede aplazarse», alegaron los fiscales.
La juez Cannon, nombrada por el presidente Trump, denegó la petición.
«En la medida en que el abogado especial exige una finalización anticipada de las instrucciones del jurado antes del juicio, antes de una conferencia de cargos y antes de la presentación de las defensas y pruebas del juicio, el tribunal rechaza esa demanda por considerarla sin precedentes e injusta», escribió el jueves.
Las idas y venidas se refieren a la directiva del juez a los fiscales y acusados sobre las instrucciones propuestas para el jurado. La juez Cannon dijo en marzo que las partes debían redactar instrucciones que asumieran que dos «escenarios contrapuestos» son «una formulación correcta de la ley». Los escenarios son la capacidad de los expresidentes para conservar registros personales en virtud de la PRA, y la capacidad de los presidentes para designar registros como personales.
Los cargos contra el expresidente Trump dicen que mantuvo ilegalmente documentos de defensa nacional y otros materiales sensibles más allá de su presidencia, en violación de la Ley de Espionaje.
El presidente Trump argumenta que tenía la capacidad de designar cualquier documento como personal bajo la PRA y no debería ser procesado.
Los fiscales dijeron que los escenarios ofrecidos por el juez se basaban en una «premisa legal fundamentalmente errónea» y que la PRA «no debería jugar ningún papel en el juicio en absoluto».
La juez debe decidir rápidamente si aclara la directiva, dijeron. Si la mantiene, dijeron, podría presentarse un recurso ante un tribunal superior.
Los fiscales citaron una sentencia de un tribunal de apelación en un caso distinto que concluía: «La adopción de una instrucción del jurado claramente errónea que conlleva una alta probabilidad de fracaso de un enjuiciamiento —fracaso que el gobierno no podría luego intentar remediar mediante apelación o de otro modo— constituye el tipo de situación extraordinaria en la que estamos facultados para emitir la orden de mandamus».
Un mandamiento judicial es una orden dirigida a un tribunal inferior.
«La cuestión de si la PRA tiene un impacto en el elemento de posesión no autorizada … no gira en torno a ninguna cuestión probatoria, y no puede ser diferida», añadieron los fiscales. «Es puramente una cuestión de derecho que debe decidirse con prontitud. Si el tribunal aplazara una decisión sobre esta cuestión jurídica fundamental, el juicio se retrasaría considerablemente y, lo que es peor, impediría que el Gobierno solicitara una revisión antes de que el acusado se viera en peligro».
La juez Cannon dijo que su directiva sobre las instrucciones propuestas para el jurado «no debe ser malinterpretada como una definición final sobre cualquier elemento esencial o defensa afirmada en este caso».
«Tampoco debe interpretarse como otra cosa que lo que era: un intento genuino, en el contexto del próximo juicio, de comprender mejor las posiciones enfrentadas de las partes y las preguntas que se someterán al jurado en este complejo caso de primera impresión», dijo. «Como siempre, cualquier parte sigue siendo libre de acogerse a las opciones de apelación que considere oportuno invocar, según lo permita la ley».
Ni los fiscales ni el expresidente Trump han reaccionado al nuevo rechazo. El expresidente Trump pidió previamente que el señor Smith fuera sancionado o censurado por la presión que estaba ejerciendo sobre el juez.
La juez Cannon también rechazó la petición del expresidente de desestimar los cargos basados en la PRA, en parte porque los cargos de la Ley de Espionaje no hacen referencia a la PRA ni se basan en ella.
«En general, la acusación sustitutiva especifica la naturaleza de las acusaciones contra el acusado Trump en una larga acusación oral con extractos incrustados de entrevistas de investigación, fotografías y otros contenidos. Por estas razones, aceptando las alegaciones de la acusación sustitutiva como ciertas, la Ley de Registros Presidenciales no proporciona una base previa al juicio para desestimar … ni en cuanto a los cargos 1 a 32 ni en cuanto a los cargos restantes, todos los cuales establecen delitos cognoscibles».
Aún no se ha fijado fecha para el juicio.
Las partes también han estado preparando un informe conjunto sobre cuándo debería celebrarse el juicio, con referencias a la Ley de juicios rápidos. Esta ley exige que el juicio comience en un plazo de 70 días a partir de la acusación, aunque incluye una serie de excepciones. El informe conjunto debe presentarse antes del 5 de abril.
Los abogados del presidente Trump ya han notificado al tribunal que está previsto que vaya a juicio en Nueva York el 15 de abril y que esperan que el proceso se prolongue hasta finales de mayo.
«Por lo tanto, las fechas que propusimos al tribunal, en particular a finales de mayo y principios de junio de 2024, ya no son factibles para el presidente Trump», escribieron.
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